Desde los altos mandos de la Policía y desde el Ministerio del Interior se continua sumando ordenes, circulares, directivas orientadas a corregir problemáticas reales y otras que sólo existen en algunas imaginaciones. Pero poco se repara en toda la normativa policial que debe ser actualizada, procurando que la misma tenga una coherencia sistémica, de la cual hoy en día carce. No obstante, esta reorganización de toda las normas policiales no podrá realizarse, como se pretende, a impulsos de criterios que nada tienen que ver con el orden jurídico nacional y omitiendo la participación de las diversas organizaciones policiales de orden sindical, social, etc.
Las diversas leyes policiales, leyes especiales, y sus decretos reglamentarios violan sistemáticamente derechos y gatantías que la propia constitución establece para todo habitante en nuestro país. Se hace necesario una trabajo coordinado y serio en este sentido o permanecerá el camino que, lamentablemente, ahora se recorre.
Pero se avanza, se avanza a ojos cerrados, por parte de los administradores de la policía, y se pretende el cumplimiento, sin la necesaria corrección y divulgación, de las diversas normas y reglamentos policiales. No parece una tarea imposible, sobre todo considerando que las normas madres que organizan la fuerza pública y la reglamentan estan cumpliendo un promedio de 40 años, de desactualización constante. No es difícil de imaginar cuantas cosas han mudado su forma en materia de derecho en el Uruguay en cuatro décadas....
Miguel Barrios.
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