Hace algunas horas atrás un delincuente que intentó asesinar un compañero en el departamento de Maldonado, en la zona del asentamiento “Los Eucaliptus” fue trasladado a Montevideo, y ubicado en Cuidados Intermedios del Hospital Policial, como informara FM Gente, en su portal de noticias.
Éste hecho no es la primera vez que ocurre, es decir que delincuentes son asistidos e internados en el Hospital Policial. Lo que obedece a un convenio que tiene la Dirección Nacional de Sanidad Policial para la venta de servicios de salud a público en general.
La situación levantó gran malestar entre los trabajadores policiales que son usuarios y además financian con su salario todos los meses dicho Hospital, y cientos de ellos así lo manifestaron.
MI OPINIÓN.
Cómo todos saben en los últimos días hemos vivido, una vez más, situaciones muy delicadas que le ocurrieron a varios de nuestros compañeros. También todos conocen los problemas que se han generado dentro del Hospital cuando un delincuente (familiar o no de un trabajador policial) es ubicado al lado de uno de nuestros compañeros y sus respectivas familias y en razón de eso es que quiero plantearles lo siguiente.
Puedo comprender que la primera atención en salud ante una emergencia no se puede negar por parte del Hospital Policial, ni por ningún otro centro de salud del país, a ninguna persona por razones de derecho y de humanidad, pero todos los posteriores no son obligatorios, ni para la Dirección Nacional de Sanidad Policial, ni para ningún otro centro de salud del país, salvo Salud Pública.
Teniendo presente lo anterior, es que conviene analizar el convenio que Sanidad Policial se ha dado para la venta de servicios de salud a todos los niveles. Y conviene analizarlo primero, por razones de seguridad de quienes somos la razón de ser de la misma dirección, especialmente del Hospital Policial, me refiero a todos los trabajadores policiales del país y nuestras familias. Es decir, a nadie medianamente razonable y que conozca la realidad que vivimos laboralmente y que también viven nuestras familias en la calle o barrios, se le ocurriría no incluir excepciones en el convenio de venta de servicios de salud.
Pongamos por ejemplo lo que ocurre con frecuencia una persona que ha tenido conflicto con la ley y con quienes defendemos la misma, es instalada con su familia en la misma habitación que un compañero y la suya. Solo éste ejemplo debería hacer reflexionar a las autoridades ministeriales al respecto, como dije por razones de seguridad personal, pero también institucional. Pues así como ninguna persona entra a ciertas unidades o dependencias del ministerio del interior, sin ser debidamente identificado, registrado y controlado mientras permanece en ellas, tampoco deberían poder hacerlo en un lugar donde las personas que permanecen en ellas están en situaciones muchas veces de vulnerabilidad sanitaria. Son cuestiones que se desprenden de toda lógica.
Pero atrás de esto hay cuestiones de principios éticos institucionales que no implica una discriminación, sino un mensaje institucional claro y fuere de protección, promoción, estímulo y respaldo a quienes se ponen en riesgo todos los días para defender esos mismos valores institucionales, incluso dejando su vida en ese proceso.
El proteger y dar tranquilidad a los trabajadores policiales cuando se hallan vulnerables, o sus familias, deber ser una prioridad para el ministerio del interior, y cualquier unidad subordinada, y para eso es imperioso introducir reformas al convenio para venta de servicios de salud, que impida que personas que están en conflicto con la ley y por tanto con quienes la defienden no puedan acceder a ellos incluso siendo familiares de policías que hayan procesados por incurrir en determinados delitos sea contra la integridad de un trabajador policial, sea contra la institución, administración pública en general o aquellos de los llamados infames o graves o gravísimos en la ley penal de nuestro país.
Reconozco que no es un tema que se resuelva con rapidez, pero también las autoridades deben ser consientes de los peligros a que exponen a sus trabajadores y familias en ámbitos dónde debería asegurarse por todos los medios posibles, no solo el valor atención en salud, sino la tranquilidad, el trato institucional digno, y en armonía con todo ello, la vigencia de los valores por los cuales ponemos nuestra integridad en juego, nuestras familias, nuestra vida.
Toca a las autoridades darse cuenta a tiempo, antes que ocurran hechos que lamentemos todos, que no todo comercializable, que no todo está en venta, y entre esas cosas que no lo están, está la seguridad de los trabajadores policiales y sus familias que requieren un lugar de protección, libre de riesgos y de tenciones, de cualquier otro factor negativo para recuperarse de sus afecciones sanitarias.
No estamos proponiendo un Hospital Policial que genere un gueto en términos de atención de salud, pero tampoco es aceptable que se pasé por alto lo que implica para todo trabajador policial tener que ver una persona que intentó asesinar un compañero, en la cama de al lado, porque la pregunta ineludible es, cuál es el valor que tiene para la institución policial la seguridad, tranquilidad, de nuestras familias, nuestra salud o nuestras vidas.
He transmitido ésta preocupación de forma rudimentaria tanto a las autoridades del SUPU, como a ustedes, porque creo que hay situaciones que sin perjuicio de que demanden una discusión más profunda, un intercambio de ideas y un trabajo más serio, ameritan que se marque claramente dónde están nuestras preocupaciones cuando nos paramos ante una situación injusta para muchos de ustedes.
Miguel Barrios.
