jueves, 23 de diciembre de 2010

EL FUTURO SERÁ JURIDICO Y EL PRESENTE DEBATE, PERO NUNCA AL REVÉS



             Por estos  tiempos numerosas organizaciones sindicales, a lo largo y ancho del territorio, entraron en conflicto con la actual administración para lo cual, además de las medidas vernáculas empleadas desde siempre, ha tenido lugar la apertura de un nuevo campo de batalla entre ambos sectores para la resolución de los mismos, el jurídico.

            Muchos de los actuales desacuerdos han experimentado una suerte de paralización en las ocupaciones y huelgas, para retomar el camino principalmente judicial a impulsos de algunos decretos de esencialidad puestos en práctica por el gobierno. Tema, por otra parte, ineludible para nuestras organizaciones de cara al futuro.
            Por otra parte, pero en el mismo sentido, algunas organizaciones sindicales policiales recientemente han obtenido algunos laudos favorables de la justicia o bien, a impulso de esta, la resolución positiva por parte de las autoridades políticas competentes. Fruto de haber invertido tiempo, oídos, recursos económicos, y voluntades individuales, así como intercambio de ideas, en la defensa jurídica de sus socios. Lo cual suscribo, por acertado.
Sabido es que el camino administrativo, o el legal, se caracterizan por insumir una cantidad de tiempo significativo para quienes se encuentran sumergidos en situaciones apremiantes laboral o económicamente hablando. Los tiempos procesales, sin embargo, son sinónimo de garantía por lo que renegar contra ellos es mal entender su legítimo fundamento y el camino largo, además, bien vale la seguridad del logro obtenido, sin dudas.
Pero el campo jurídico dentro de las organizaciones sindicales esta recién despertando desde que, la defensa jurídica e sus socios es sólo uno de los múltiples aspectos en los cuales deberán trabajar incansablemente. Del resultado de esta fatigosa tarea dependerá la renovación, o bien, la suma de nuevos votos de confianza de los miles de policías sindicalizados hoy en día.
No encontrarán, en otras palabras, los sindicatos policiales otra fuente de crecimiento que el resultado de la batalla jurídica que próximamente deberán de librar cuando el contexto laboral mude. Puesto que las movilizaciones enmarcadas en el concepto de “participación” que erradamente se pretende por parte de las actuales dirigencias sindicales son una ficción, y no habrán de tener lugar sino hasta luego de eliminado completamente el servicio 222. Ya que este, y no otro, ha sido la causa de toda mala convocatoria y peor adhesión a las movilizaciones policiales, por ser un factor que aparta a los hombres e los intereses colectivos y los vuelca directamente a los intereses individuales, camino que siempre nos ha encontrado débiles, por hallarnos desunidos.  
Sin embargo, increíblemente, a muchos les sigue pareciendo un valor a defender incluso, con la propia herramienta sindical. Existe en esto, a poco que se recapacite, una inadvertida e inconsciente contradicción en quienes otrora pugnaban por la eliminación del servicio y quienes, ahora, están dispuestos a acometer a la administración con la única herramienta liberadora de los trabajadores policiales para impedir la, inevitable, desaparición del 222 y su “frutos” que ha marginado al policía cultural, social y económicamente. Unos y otros, los de antes y los de ahora, aunque cueste creerlo, son hoy en día los mismos individuos.
La verdad es que, esta defensa tardía del fruto del 222 no busca su permanencia por sí mismo, sino por la diferencia de ingresos que, en virtud de la nueva ley de presupuesto, viene a afectar a quienes poseen, actualmente, un tope mínimo que llega hasta doscientas horas. Este hecho, hasta jurídicamente defendible, sólo viene a evidenciar la absoluta falta de espacios de debate, análisis y trabajo jurídico que subyace en los diversos sindicatos policiales.
No se explica, de otro modo, cómo es que luego de haber sido votada la ley de presupuesto, se señalen estas particulares reivindicaciones y mientras el proyecto de presupuesto estaba en el parlamento no se destino recurso, tiempo, y trabajo alguno (o si se propuso, no se le atendió debidamente) a analizar todas las posibles consecuencias que devenga de la aprobación de dicha ley, comisionando a delegados, realizando entrevistas con los legisladores, o autoridades redactoras de la ley.
Uno puede concluir, sin mayores esfuerzos, que es menester fomentar los ámbitos de debate y trabajo jurídico que coadyuven a trabajar éstos temas entre otros, de una forma más dilatada dentro de cada una de las organizaciones sindicales policiales, y éstas a su vez han de tener ante todo, oídos. Porque en el momento en que falla la capacidad de escuchar de los dirigentes, todo habrá sido inútil.
Costará mucho modificar las estructuras de las organizaciones sindicales y su concepto de participación, decisión y ejecución, por el simple hecho de que todas parten de las mismas estructuras estatutarias, quedando en manos de la inteligencia o la debilidad de los dirigentes electos, el propiciar nuevas formas de procesar los temas colectiva y democráticamente, trasladando sus actuales desvelos al estudio correcto de los estatutos y liberando a sus compañeros y asesores técnicos para internamente trabajar más intensa y profundamente todos estos temas.
No podemos dejar de entender el trabajo jurídico como un fruto directo del debate y sus conclusiones que, previamente, han de llevar a cabo internamente los sindicatos policiales. Las ideas surgen del intercambio, de la contrastación de pareceres, de la complementación de pensamientos, de la construcción conjunta y entonces, y sólo entonces, el futuro será jurídico, pero nunca al revés.

                                                           Miguel Barrios.-