El pasado 19 de diciembre, la Cámara de Representantes trató el proyecto de reforma de la Ley Orgánica Policial, siendo aprobada sólo con los votos de la bancada de gobierno, en una veloz y vergonzosa sesión que contó en pleno tratamiento del proyecto, con tertulias entre legisladores, largas visitas a las redes sociales y hasta a páginas oficiales de cuadros de fútbol. En ese marco, se votó una ley que contiene nada menos que la estructura de la institución más importante en sede de orden y seguridad interna en nuestro país.
Ahora bien, para el lector desprevenido, conviene aclarar que una de las mayores condicionantes que tiene una institución democrática es, justamente, su estructura pues es ésta la que determinará, en gran medida, su posterior funcionamiento y ulteriores adaptaciones a nuevos desafíos. Sin restarle importancia a los otros contenidos que una ley orgánica posee, su estructura es, como muchos acuerdan, absolutamente vital.
No obstante, antes y después de esa vergonzosa sesión, que presenciamos, el SUPU publicitó la crítica que hiciera, oportunamente, al proyecto de reforma oficialista en Comisión de Constitución y Códigos de Diputados, marcando su posición, así como un promedio de diez inconstitucionalidades, cuantiosos errores de redacción, ausencia de técnica legislativa básica, entre otras cosas menores, pero no menos importantes.
Difundió también, cada participación pública en que se fijaba una posición sobre el tema, desde el 22 de setiembre del 2012, fecha en la cual éste proyecto fue enviado al Parlamento por el Min. Interior, denunciando la forma inconsulta con que fue elaborado respecto de cualquier sindicato policial tanto los que siguen integrando el Pit-Cnt, ni a los que no lo hacen como el SUPU, al menos en los términos en que corresponde según la ley de negociación colectiva para el sector público.
La difusión en cuantiosos medios de prensa y redes sociales para todos los trabajadores policiales y el público en general, tuvo dos ejes fundamentales; el primero, fue realizar una crítica del proyecto oficialista; el segundo, difundir ampliamente los proyectos alternativos que el SUPU, había presentado en el Min. Interior, y Parlamento Nacional, particularmente en Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes.
El proyecto promovido por el Min. Interior, igualmente obtuvo aprobación en representantes, y pasó de forma rápida a la Cámara de Senadores, para ser tratado el 29 de diciembre. En esos diez días, que separaban una sesión de la otra, el SUPU intentó incrementar dar la difusión a todos los integrantes de la cámara que trataría el tema, tanto del oficialismo como de la oposición, obteniendo respuesta por parte de algunos, y acusando recibo de la recepción por parte de otros, de la visión crítica que se tenía.
Fue en ese marco que la cámara de Senadores suspendió, con buen tino, la discusión puesto que era evidente, como lo expresamos en reiteradas oportunidades, que el proyecto gubernamental no sólo no había sido estudiado por los Diputados del oficialismo si no que, probablemente, ni jurídicamente se habría revisado, basta con remitirse al articulado para confirmar esto.
El informe en mayoría, que se adjuntó al proyecto, lo encabezó el Diputado Gonzalo Mujica, como miembro informante, quien recomendaba a sus homónimos la votación del mismo. Ahora vale aclarar, que el mismo es de profesión Doctor pero no en Derecho, sino en Medicina. En tanto que el informe en minoría, sugería justamente lo contrario, señalando que había importantes carencias en el proyecto de reforma.
Según supimos ésta celeridad en el tratamiento parlamentario del proyecto obedecía, a un pedido especial del Min. Interior a la bancada de gobierno, para iniciar un nuevo período frente a la cartera ministerial con ésta reforma en vigencia, asegundándose algunas herramientas legales para tal fin.
Por su parte, pero en el mismo sentido, para ilustrar sólo un poco el nivel de desaprensión en el tratamiento del proyecto, basta señalar lo que el propio Senador Eduardo Lorier, en oportunidad de ser consultado al respecto reconoció, a una radio capitalina, que la bancada de senadores frentistas pretendía aprobar la nueva Ley Orgánica Policial sin haber estudiado el texto, haciendo “confianza” en lo que ya habían estudiado y aprobado los diputados oficialistas.
Pero, no sólo desde el ámbito legislativo, el proyecto fue seguido con una inusitada desaprensión. Los propios trabajadores policiales que exigen, un día sí y el otro también, cuantiosas mejoras en las condiciones de trabajo, mejor salario, más derechos y garantías laborales, o en términos más generales, mejor legislación laboral para la Policía, fueron los grandes ausentes en ambas jornadas legislativas.
Aun así, no existió ninguna omisión por parte del SUPU, pues en ambas jornadas llevó dirigentes a las barras, acompañados por un puñado de trabajadores policiales sindicalizados, que demostraron coherencia absoluta entre sus palabras en las redes sociales y sus actos. Sin duda, ésta desaprensión por parte de los trabajadores policiales, merece un profundo análisis tanto colectivo, como individual.
Por su parte, algunas organizaciones sindicales afines al Pit-Cnt, más que análisis, deben realizar una autocrítica de principios, pues no sólo hicieron votos de confianza en que el contenido del proyecto de reforma que enviaría el Poder Ejecutivo, iba a consagrar o considerar al menos, la básicamente lo que ellos entienden son los reclamos que los trabajadores policiales, si no que apoyaron el mantenimiento de la Orden 12, bajo firma con el Min. Interior, bajo el compromiso de no denunciar el mismo hasta que recayera solución legislativa sobre el punto, olvidando que se violaba un convenio colectivo preexistente, y con él, los DD.HH. de los trabajadores, y por lo menos dos convenios internacionales que nuestro país ratificó con la OIT, como bien lo expresó la I.N. DD.HH. y Defensoría del Pueblo, a falta de una, en dos oportunidades.
Pero, como sería de malo el proyecto del gobierno, que aun así, tarde y mal, los sindicatos policiales del Pit, también manifestaron discrepancias con el proyecto, pero cuando desde la Comisión de Constitución y Códigos se cometió el despropósito de de citar quienes dicen representar a los trabajadores policiales para dar opinión sobre el punto, éste conjunto de organizaciones sindicales del Pit, respondieron que no tenían a nadie, y que no sabían a quien mandar.
Como era obvio, la consecuencia de esto, fue que la visión de “los sindicatos policiales” sobre el tema, estuvo convenientemente ausente para beneficio de la iniciativa gubernamental. Y si bien es posible creer que dicha citación de la Comisión fue una acto de distracción, ya que ese sector de los sindicatos policiales no presentó ni un solo proyecto alternativo de reforma para la Orgánica Policial, ni ningún otro sobre tema alguno, ni siquiera una crítica sobre la propuesta ministerial, que me inclino por la teoría de una conveniente causalidad en esa ausencia.
Sin embargo, luego de todo éste trabajo, los trabajadores policiales parece que no tomaron conciencia de todo lo que está en juego en éste proyecto, algo que quizás guarde relación con la aislada pero estoica actividad que el SUPU desarrolló al respecto, difundiendo, denunciando, y proponiendo ideas en cuanto ámbito le fue posible. En tanto que, las otras organizaciones sindicales, y nos consta, no se han concentrado a difundir tan siquiera el proyecto del gobierno, para que cada trabajador policial, organizado o no, de acuerdo a sus capacidades pudiera realizar su propia valoración del mismo.
Quizás sea conveniente, por un momento, abandonar las explicaciones jurídicas, y abocarnos a señalar más claramente, lo que pretende cambiar la iniciativa gubernamental en la ley Orgánica Policial, a ver si logramos un mayor nivel de compresión por parte de los casi 31500 trabajadores policiales que serán directamente afectados, de aprobarse lo que propone el Min. Interior, sea mañana la ley que nos rija.
Uno de los cambios más radicales que se evidencia, lo constituye la prohibición absoluta para los trabajadores policiales de criticar, de cualquier forma la política, decisión u autoridades, de la Institución, lo que implicaría que intercambios de opinión e ideas en redes sociales, así como en sus variadísimas formas, como las conocemos hoy terminarían abruptamente, con todo lo que eso implica para la militancia presencial o virtual.
Sólo los dirigentes sindicales gozando de fueros, según la visión del gobierno, estarían autorizados a realizar las mismas, bajo las responsabilidades legales y reglamentarias que los comprenden desde siempre. Hablamos entonces que la nueva legislación busca silenciar a todos los trabajadores policiales.
En el plano administrativo, la reducción de los plazos constitucionales para recurrir actos de la administración (sanciones), bajándolos a la mitad, no sólo constituye una inconstitucionalidad evidente, sino que en la práctica atenta contra el derecho que cada trabajador tiene hoy, de presentar descargos y defensa con las garantías que aun no ha violado el Min. Interior, en otras palabras, el bastión constitucional sería también arrasado por norma legislativa (Orden jurídico. Principio de jerarquía).
En el ámbito de las aspiraciones a nuevos derechos, los trabajadores policiales no poseen en éste proyecto, ni seguro obligatorio ante accidentes u enfermedades laborales-profesionales, ningún tipo de retribución por nocturnidad, horas extras entendiendo por tales aquellas trabajadas que superan las cargas mínimas semanales establecidas, ni la tan anhelada como justa insalubridad, y definitivamente nada se establece en materia de salario vacacional, ni sobre mecanismos de estímulo que impliquen una promoción de la carrera funcional. Con lo que todos los encendidos discursos que hablaban de “dignificación de la labor policial” se han quedado en eso, en discursos.
Yendo un poco más lejos en éste punto, el proyecto no establece ningún mecanismo de evaluación del trabajo policial, no lo hace desde el punto de vista sustancial ni formal, ningún mecanismo para estimular de forma alguna a los trabajadores policiales que todos los días se juegan la vida en la calle, más que los perniciosos ya establecidos en la ley vigente, que dependen de la discrecionalidad de los jerarcas quienes, por momentos, disponen de ellos con criterios poco claros, a falta de normativa específica al respecto.
En el plano del derecho a huelga, se establece la prohibición absoluta, puesto que la legislación internacional, deja abierta ésta posibilidad bajo ciertos presupuestos, pero encomienda a la legislación nacional de cada país, el resolver sobre el tema. Cabe aclarar que, desde el SUPU, hay no sólo conciencia, también hay responsabilidad, ya que desde su constitución su Estatuto, cierra esa posibilidad, por lo que como organización sindical formalmente no podría participar, coordinar, o dirigir dichas acciones.
Pero la prohibición absoluta del derecho a huelga, para establecerse, requiere una serie de garantías en sede de negociación colectiva, resolución de conflictos, y celeridad en todos los procesos, pero de esto el Min. Interior aun no estableció, no creo que lo haga, media palabra. Viendo, por tanto, la orientación que tiene la legislación que ha propuesto el Min. Interior, poco falta para que implemente contratos yellow dog (perro amarillo) a los efectos de asegurarse el silencio de cada trabajador policial.
En términos de condiciones de trabajo, formación, indumentaria, tiempo de los cursos y forma de la carrera policial, mantiene en términos generales el estado actual de las cosas y las reafirma en la ley, legitimando el manejo feudal que hace algunos superiores gracias a la carencia en normas que limiten sus facultades administrativas, por lo que pases y traslados, seguirán siendo sanciones disciplinarias encubiertas con las que se castigue a los trabajadores cuando las causas, no permitan hacerlo bajo la claridad de las normas disciplinarias. Algo sobre lo cual, hemos advertido desde éste espacio profusamente.
Pero puede concluirse que el proyecto del gobierno, no contempló ni en lo más básico, las propuestas que desde los trabajadores organizados realizaron en tiempo y forma. Pero aun queda una instancia más en cámara de Senadores, a dónde recaerá la responsabilidad de hacer de éste pésimo proyecto una ley, que condicione la actuación de la Policía, así como las condiciones de trabajo de sus integrantes de forma paupérrima o no.
Finalmente, no puede pasarse por alto, la falta de interés que tienen los trabajadores policiales sobre el tema, pero desconocen o no logran divisar que el salario, indumentaria, prestaciones, derechos, garantías, facultades, estructuras organizativas, y libertades como las de expresión o las sindicales dependen exclusivamente de nuestra ley Orgánica Policial, causa última de todas nuestras penurias hoy, por su especialidad constitucional. Quizás sea ésta la última gran pelea de ésta década para los trabajadores policiales de todo el país, y deberán decidir si se suman a la lucha o se someten a la sistemática opresión de derechos.
Teniendo presente todo esto, y agregando una aberrante legislación para la función policial, es que nos preguntamos, cómo es posible que los trabajadores policiales organizados o no, no se involucren más, en las luchas que se emprenden para mejorar sus condiciones socio-económicas. Personalmente, entiendo que las organizaciones sindicales tienen mucho trabajo por hacer en éste sentido, mucho por hacer en estimular la movilización, la participación y el apoyo a iniciativas por causas razonablemente justas, pero no podemos obviar nuestra idiosincrasia. Sabemos lo que es luchar en el país del “andá vos”.
Esto es consecuencia directa de la desaprensión, así como de la equivocada cultura individualista que, por décadas, se nos ha inculcado como trabajadores, no hay nada más colectivo que la Policía. El cambio de esto o no, depende en última instancia de los mismos trabajadores policiales y de la dimensión de su compromiso moral con su labor, su familia y con sus más altos ideales. La cuestión está planteada.
Miguel Barrios.
