LOS EFECTOS DE LA ORDEN 12/11

                Hace pocos días, específicamente el 13 de mayo, se cumplió un año de la imposición unilateral de la orden 12/2011 por parte del Ministerio del Interior, violando un convenio colectivo, que se había firmado entre esta cartera y los trabajadores policiales el 8 de junio del 2010, como resultado de las negociaciones entre las partes.

                Esta imposición inicialmente contó con la oposición monolítica de todas las organizaciones sindicales policiales pero, con el correr de los tiempos, varios sindicatos dejaron en segundo plano este hecho grave, y cambiaron el rumbo pasando a entibiar el discurso en torno a ello. Los principales sindicatos se dividieron recientemente en dos posturas, la primera que sigue sosteniendo que la imposición de la Orden 12/11 es un hecho ilegítimo,  representada desde el inicio por le S.U.P.U. (Sindicato Único de Policías del Uruguay), seguido por otros sindicatos menores y la segunda que entendió que esta violación no es importante y se embarcó, avalados por el Pit-Cnt, en nuevas negociaciones para lograr un nuevo acuerdo en materia de sanciones disciplinarias con los asesores del Ministerio del Interior representada por la U.SI.P, SI.F.PO.M, CO.NA.SI.P y SIN.POL.UR.   

                Lo cierto, es que para cualquiera que haya tenido un acercamiento mínimo a las leyes de negociación colectiva, convenios colectivos y protecciones especiales para los trabajadores de servicios esenciales, es inadmisible tan sólo la idea  de negociar con la administración, sobre un convenio colectivo violado por ésta, de forma unilateral. Sin embargo, estas negociaciones entre estos sindicatos y el ministerio prosiguen a puertas cerradas, plasmándose en pre-acuerdos sobre normas disciplinarias teñidos de la misma ilegitimidad que la violación del convenio sobre el cual se hacen, multiplicando las causales de sanción en relación a las que hoy existe.

                ¿Pero qué efectos tiene la orden 12/11 en relación al antiguo sistema disciplinario y que efectos trajo sobre los trabajadores policiales, su economía y sus carreras administrativas? Lo veremos seguidamente.

                El proceso. Desde la promulgación el 20 de abril del decreto 131/2010 por mandato del Poder Ejecutivo se modificó el tipo de pena disciplinaria que pasó del arresto a la pena pecuniaria. Este decreto estableció algo más que la mera sustitución del tipo de pena, también estableció que esa modalidad se hacía extensiva a los funcionarios policiales de los Escalafones P.A, P.T, P.S, P.E, así como para los trabajadores policiales del Escalafón “L”.

                El referido decreto (131/2010) estableció las multas pecuniarias hasta 30 días sueldo para las faltas, que no ameriten penas mayores, para el personal policial del Subescalafón Ejecutivo. En sustancia fue este cuerpo reglamentario que estableció el cambio del arresto por el 100% de lo generado en un día de trabajo.

                El 29 de abril del 2010 se dispuso por parte de Asesoría Letrada y por orden del Director de la Policía Nacional Julio Guarteche y el Director General de Secretaría del Ministerio del Interior Dr. Charles Carrera, el memorando 275/10 que establecía un el "Protocolo relativo a la imposición de sanciones frente a la comisión de faltas corrientes por personal policial”, donde se establecían los pasos que corresponden, de acuerdo a derecho, para aplicar las penas pecuniarias.

                Por el mes de Junio, y gracias a las negociaciones llevadas adelante entre la cartea ministerial con las organizaciones de trabajadores se arribo al Acta de Entendimiento Colectivo del 2010, que entró en vigencia el 10/6/2010 donde principalmente se establecía que la multa pecuniaria implicaría el 50% de lo generado en un día de trabajo, la suspensión en el servicio ordinario por el tiempo que durara la sanción y la prohibición de concurrir al servicio contratado (222) por el mismo lapso.

                El Acta de Entendimiento Colectivo del 2010, fruto de las negociaciones colectivas bipartitas, fue aplicada desde el 10 de junio del mismo año, de forma ininterrumpida y aplicando el "Protocolo relativo a la imposición de sanciones frente a la comisión de faltas corrientes por personal policial” hasta el 13 de mayo del 2011, fecha en la cual se impuso unilateralmente la orden 12/11, que violó el Convenio Colectivo de forma unilateral. Los motivos que se expusieron por parte de las autoridades ministeriales para la imposición ilegítima de la misma fueron los siguientes; los funcionarios se hacen sancionar, para desarrollar tareas no formales o changas, visto que no tienen que cumplir ni el servicio ordinario, ni los servicios contratados, y perciben el 50% del salario. Pero la razón que determinó la violación del convenio era el hecho de que la cantidad de sanciones volvía imposible, por la prohibición que implicaba, cubrir los servicios 222, generando una presión sobre los controles, la oficina del servicio y sobre el ministerio de parte de la plaza económica, u organismos públicos. Este fue el verdadero motivo por el cual, más allá de la orden 12/11, no se mantuvo la prohibición de realizar servicios contratados, aun estando sancionado el trabajador policial y determinó la obligación de concurrir al servicio.   

                Los cambios. La orden 12/11 estableció la eliminación del “Protocolo” que brindaba las garantías básicas para los trabajadores policiales cuando se les aplicaba sanciones pecuniarias,  estableció nuevas causales de sanciones, instaló la obligación se compadecer a trabajar o de continuar en funciones, según los casos, sin importar el monto de la sanción, y elevo del 50% al 100% de lo generado por día, por concepto de multa disciplinaria, así como también señaló que la aplicación de la misma no afectará el beneficio del presentismo, lo que al poco tiempo después quedo sin efecto, pues el Sistema de Presentismo establece la pérdida del mismo en sus causales, donde una de ellas es haber recibido pena pecuniaria.

                Los efectos. En los hechos, la orden 12/2011, aplica una fuerte presión en el salario del trabajador policial y, por efecto indirecto en la economía de familiar. Es importante señalar que existen toda una serie de rubros que, ante la aplicación de la pena pecuniaria, son empujados fuera de las posibilidades de pago, algunos revistiendo un carácter objetivamente dañoso. Entre los rubros que no sufren modificación alguna por la aplicación de la pena pecuniaria son; MONTEPIO, el artículo 86 (Sanidad Policial), artículo 87 (Fondo Especial de Servicios a Funcionarios Policiales), I.R.P.F.

                Los rubros que si son empujados, fuera del pago, por la aplicación de mulas pecuniarias son; las retenciones judiciales por alimentos, la cuota sindical, los préstamos contraídos con el B.R.O.U, los préstamos contraídos con la Caja Nacional, así como otros préstamos que se hayan contraído con cooperativas, financieras y otros de análoga naturaleza. Por otra parte, también afecta el pago de los alquileres, y los impuestos por servicios públicos, así como la notoria incidencia sobre la alimentación del núcleo familiar. Esto hace incurrir, ineludiblemente, a los trabajadores policiales en incumplimientos de pago en materia de obligaciones judiciales, servicios, préstamos, contratos, etc, sumergiendo aun más económicamente a los mismos, lo que puede ir desde un porcentaje menor, cuando la pena es de un par de días, o bien puede hacer incurrir en incumplimiento total de pago, por un mes completo desencadenando efectos devastadores y de muy difícil recuperación, por la vulnerabilidad económica de nuestros trabajadores policiales.

                Pero el efecto dañoso de la orden 12/11 no culmina ahí, pues las garantías del proceso disciplinario consagrado en el Acta de Entendimiento Colectivo del 2010 y el propio Protocolo relativo a la imposición de sanciones frente a la comisión de faltas corrientes por personal policial del mismo año, que reducía la posibilidad de aplicar con error o exceso las penas disciplinarias, fue derogado por la disposición “e” de dicha orden, por cuanto ante un eventual  error, que esta falta de garantías permite, se carece de mecanismos reglamentarios o legales que reparen los daños causados por los incumplimientos, y los recargos derivados de éstos, por la aplicación de esta modalidad pecuniaria.

                Así se puede observar, sin profundizar demasiado, que los mecanismos de garantía que debería poseer el proceso de imposición de sanciones pecuniarias, por la importancia de su incidencia en la economía, se ve aun más despojada de ellas equiparándose a al régimen utilizado en la modalidad de arresto, que dista mucho del régimen establecido por el Acta de Entendimiento Colectivo, del 2010 constituyendo un retorno al sistema pernicioso del cual partimos, sin olvidar, que ni en el mecanismo del arresto, ni en el de multas pecuniarias se estableció ningún mecanismo para sancionar a quien se excede en la solicitud o aplicación de las multas. Pues la aplicación del artículo 6to del Decreto 644/1971 es nula, en otras palabras, la responsabilidad funcional goza del privilegio de ser hacia abajo, pero no hacia arriba, como lo demuestra la práctica del derecho administrativo de muy peculiar aplicación en la órbita del Ministerio del Interior.

                Ahora, es bueno volver a recordar que por estas horas un grupo de sindicatos policiales, respaldados por el Pit-Cnt, acepta negociar con los asesores del Ministerio, sobre un convenio colectivo violado, y aspiran a establecer un régimen disciplinario, que según observamos multiplica las causales de sanciones, y dónde no se observan mecanismos de garantías para el trabajador, ni se establece qué tipo de pena que se aplicará en esa nueva normativa, como otras particularidades que debe necesariamente contener un régimen disciplinario policial en estos días, en el marco del Estado de Derecho. No creo, que los trabajadores policiales olviden tamaño error y desaprensión de sus derechos en el manejo de estas negociaciones puesto que, de llegarse a firmar cualquier tipo de acuerdo, jamás se podrá recuperar el dinero que por imperio de la ilegítima orden 12/11 se les ha quitado a ellos, a sus familias.

                                              

                                               Un abrazo fraterno para todos.

                                                                              Miguel Barrios.-  

LA MUERTE, ES TRÁGICA CUANDO CONFIRMA LO EVITABLE

La terrible muerte de Oseas Pintos abrió las entrañas de cárceles a la opinión pública, una vez más, y tocó las fibras más intimas de los trabajadores policiales, así como de las organizaciones de los trabajadores que incansablemente han denunciado las condiciones y la precariedad de los sistemas de seguridad en cárceles a las autoridades del Poder Ejecutivo y al Parlamento en el marco de las comisiones, sin respuesta alguna. De esto, un grupo de organizaciones sindicales nucleados en la U.SI.P hicieron un manejo claramente equivocado e irresponsable al acompañar la suspensión de visitas, como medida de “duelo” cuando, el compañero aun estaba internado y luchando por su vida. El hecho de haber acompañado la suspensión de las visitas y mal informando a los trabajadores policiales del Centro Metropolitano de Rehabilitación Femenina finalizó por estas horas con decenas de trabajadores no sindicalizados en su mayoría, investigados administrativamente y múltiples daños materiales.

Sin embargo, a los pocos días, el Presidente de la República los recibe y sugiere medidas a nivel nacional para la próxima...a su tiempo el Ministerio del Interior decide acompañar estas extrañas medidas de “duelo” y suspender las visitas en dos centros carcelarios, incluido el Penal de Libertad, en el Comcar y la cárcel del departamento de Rivera, la cual no acompaño la medida. Lo que extraña profundamente es que, el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio del Interior, conociendo la operativa de los reclusos y el significado que tienen las visitas, como lo expresó la Senadora Topolansky al ser consultada sobre el tema, no previó ningún tipo de reforzamiento de la guardia en esos centros, el resultado, daños en el Comcar por 24 millones de dólares y varios heridos fruto de una información que supo difundir inexactamente la vocera de la U.SI.P y que levantaron varios medios de prensa, a quienes los familiares de los reclusos creyeron más que a las propias autoridades.

Luego de todo esto, por estas horas ya se descubrieron cerca de una decena de armas de fuego en los centros carcelarios, quizás muchos no se anoticien que nos encaminamos a una "Carandirú" en suelo nacional, pero frente a esta geografía y sin cambios sensibles en las políticas de seguridad en los centros carcelarios, no puede esperarse cosa diversa.

Debo confesar que tengo aisladas coincidencias con el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario pero, señaló una verdad indiscutida, el equilibro en estos momentos es de una fragilidad inusitada, y bien vale no perderlo de vista, como lo hizo un grupo de sindicatos policiales y la propia cartera de gobierno, pues puede cobrar vidas ese descuido. Ahora, resta esperar que el ministerio cierre la investigación administrativa y determine o no si hubo responsabilidad de los trabajadores agremiados, o no, que participaron en la medida en el C.M.R.F, uno de los centros no autorizados a plegarse, y eventualmente sobre dirigentes que estuvieron implicados notoriamente en la situación.  

Unos días antes, caía baleado por la espalda Aníbal Martínez en un supermercado, muriendo hace sólo algunos días atrás y se reitera, lamentablemente, lo que muchas veces hemos señalado sobre que ese tipo de comercio terminan siendo una trampa mortal para los trabajadores policiales, ya que generalmente son rapiñados por varios sujetos.

            Martínez, aun herido, respondió el ataque y llamó a su pareja para ponerle al tanto de lo que le había pasado y tranquilizarle…dicen, que un hombre muestra su esencia en los momentos cruciales de la vida…

            No me quedan dudas, sobre la calidad humana que poseía Aníbal Martínez. La familia que le sobrevive hoy, pasa necesidades inmerecidas pues, como ya dije en varios medios, la gestión cero en la Caja Policial en materias tan sensibles como estas es impresentable. Unos días más tarde, William Soriano caía herido y moría a metros de su casa en Cerro Norte, todo indica que por el sólo hecho de portar uniforme. A poco menos de un  año de retirarse y luego de haber sobrevivido a la policía, casi toda su vida...

Y estos hechos no se entenderán ahora, ni nunca…No puedo olvidarme de la muerte del compañero García en Paysandú, pues su familia no ha visto resuelta su situación, a un año de su deceso, en acto directo de servicio lo que resulta inexplicable e inadmisible que en temas de alta sensibilidad no se posean mecanismos para articular las respuestas institucionales debidas.

La muerte, es trágica cuando viene a confirmar lo evitable... En el silencio, en el dolor me pregunto, una y otra vez, cuantas veces se han denunciado las condiciones en las cárceles, y otras dependencias, incluso con documentos y fotografías, cuantas concurrencias a las comisiones parlamentarias, cuántas denuncias públicas en prensa por  voz de varios compañeros. Cuantas veces debemos mostrar la misma realidad, cuantas veces debemos advertir sobre los riesgos, la peligrosidad, la insalubridad de trabajar como lo hacen los trabajadores policiales del Instituto Nacional de Rehabilitación? Instituto que mantiene todos los vicios del sistema antiguo, bajo un nuevo nombre y una nueva e inaplicable legislación que sólo rodea la problemática desde la academia, sin pasar por la mirada de los policías, las realidades materiales y jurídicas de esos contextos.

Algunas veces parece que las respuestas se agotan, pero cuando uno estudia la realidad, palmo a palmo, nota que esas respuestas están lejos de haberse agotado pues,  nunca llegaron, mientras el sistema carcelario se sostenga más por la buena voluntad de los reclusos y no por el control y la disciplina que imponga la fuerza pública, el problema pasa a un segundo plano, para atender otros del momento.

Ya resulta doloroso, la inmediatez con que las autoridades del Poder Ejecutivo recuerdan la calidad de servicio esencial ante cada planteamiento de los trabajadores policiales organizados, pero esa misma naturaleza debería recordarse a la hora de divisar cuál es la cara positiva de prestar un servicio esencial, y jerarquizar las urgencias en la agenda del gobierno, si es que la seguridad pública o carcelaria lo es.

No es secreto, ni desconocido, para ninguno de los abogados del ministerio, lo que debe hacerse frente a un convenio colectivo y cuando en el los firmantes son trabajadores de servicios esenciales y el propio Poder Ejecutivo, pues muchos de ellos son docentes en la Facultad de la República y han escrito una frondosa bibliografía sobre derecho laboral. Fue este ultimo motivo, y no otro, por el cual me retiré definitivamente de las negociaciones bilaterales y tripartitas que hoy lleva adelante sólo un grupo de sindicatos policiales nucleados en la U.SI.P que negocia las sanciones en “acuerdos de boliche” con el Ministerio a puertas cerradas, lejos de la mirada de los trabajadores y de las formalidades que el derecho marca para esa materia privilegiando a los que son "afines", todo ante la pasividad de un Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que insiste en intervenir o mediar, cuando el mismo derecho laboral marca, que cuando de la negociación participa el estado, y como este ministerio es encabezado por una autoridad política (del gobierno), más conviene ir a la negociación por la vía del arbitraje, de la mediación, u otros medios imparciales para garantizar los que los derechos de los trabajadores no sean avasallados por el Ejecutivo a través de sus respectivas carteras.

Debemos comprender que ahora, y de cara al futuro, en estas materias estamos solos cuando de defender nuestros derechos se trata, el resto, el resto son sólo paseos ministeriales, o parlamentarios que se empeñan en agotarnos y dividirnos, sea tanto por colores o por banderas sindicales.    

            Un abrazo fraterno para todos.

                                                               Miguel Barrios.-  

LA EVENTUALIDAD AL PALO

            

            De alguna forma, casi todos hemos escuchado sobre los trabajadores policiales que ingresaron el año pasado, bajo la modalidad de “eventuales”, y que pasarían desempeñar funciones de vigilancia policial especial en diferentes entidades u organismos públicos, como las intendencias, los bancos públicos, empresas privadas, entre otros, de naturaleza análoga. Esto implica naturalmente la firma de un convenio entre la entidad, organismo u empresa, por el cual se contrata, con el Ministerio del Interior, una cantidad determinada de trabajadores policiales que ingresarían a esos efectos. 

            La modalidad de “Policías Eventuales” tiene origen legal en la ley 12376 del 31 de enero de 1957 en su artículo 193 señalaba, “Serán de cargo de los entes autónomos y servicios descentralizados del Estado y de las empresas particulares los servicios especiales que requieran de las Jefaturas de Policía. El pago de estos servicios deberá realizarse semestralmente y por adelantado” a su vez, este artículo  recibió nueva redacción por la ley 18719, y su artículo 273 quedando así, de la siguiente forma; “Serán de cargo de los entes autónomos, servicios descentralizados del Estado, de los Gobiernos Departamentales y de las empresas particulares los servicios especiales que requieran de las Jefaturas de Policía. El pago de estos servicios deberá realizarse semestralmente y por adelantado" ustedes observarán que solamente se adicionó, a la categoría de los actores que puede contratar bajo esta modalidad eventual, los “Gobiernos Departamentales”.

            Como se dijo, quienes contratan con el Ministerio del Interior son quienes asumen las cargas económicas de los “servicios de vigilancia policial para custodia de bienes o valores por organismos estatales o empresas privadas” según señala el Decreto 862 de fecha 16 de octubre de 1973 que, en teoría, reglamenta el artículo 193 de la ley 12376, pero sólo tiene un artículo que en sustancia hemos transcripto, esto es, no reglamenta la actividad especial sino que la consigna. Pero qué implican las cargas para quienes contratan? Bueno, según el mismo artículo 193, por la redacción dada en el Decreto Ley N° 14.252 de 22/08/1974 en su artículo 147 señala que “Además del pago de los sueldos para los servicios, los contratantes de los mismos deberán abonar el costo de los equipos, debiendo las Jefaturas de Policía entregar lo percibido por este último concepto directamente a la Intendencia General de Policías, a los fines de las adquisiciones de los renglones necesarios para el equipamiento del servicio contratado o con destino a la reposición de las existencias con las cuales se hubiera atendido la necesidad”.

            Por otra parte, los trabajadores policiales que ingresaron bajo esta modalidad, dependen en materia administrativa-disciplinaria del Ministerio del Interior lo que, si bien no está consignado a texto expreso, puede inferirse con relativa facilidad de las normas constitucionales, artículos 168 numeral 1° y 262, que vedan la posibilidad de que la Policía, como fuerza pública, dependa de un organismo distinto al Poder Ejecutivo.       

            Ahora bien, la modalidad eventual, hallo recientemente reforma legal en materia de plazos y condiciones contractuales por la ley 17296 del 23 de febrero del 2001, en la redacción del artículo 126 que establece “…que los ciudadanos que ingresen o reingresen a los cargos presupuestales del Ministerio del Interior tendrán la calidad de contratados por el plazo de un año renovable hasta un máximo de cinco años, pudiendo durante dicho lapso ser desvinculados por razones fundadas de servicio, sin necesidad de sumario administrativo previo. Exceptúase de dicho régimen a los Oficiales Sub ayudantes egresados de la Escuela Nacional de Policía. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente disposición”, obsérvese la discriminación por categoría entre oficiales y no oficiales.

            Y su reglamentación finalmente se produjo el 13 de septiembre del 2002, por imperio del Decreto 355, donde se señala que a estos trabajadores se los contratará “el plazo de un año, renovable hasta un máximo de cinco años” lo cual habilita a que se haga de forma automática, según rezan sus artículos 1 y 2, más adelante señala que “podrá ser desvinculado del Instituto Policial por razones fundadas de servicio, sin necesidad de Sumario Administrativo previo” en el mismo año de ingreso, o bien durante cualquiera de los años de la renovación.

            Las razones fundadas, a las cuales hace referencia, se encuentran determinadas en el artículo 4to, y son las siguientes, “falta de adaptación al Régimen Disciplinario Policial; ineptitud en el ejercicio del cargo; abandono del  cargo; comisión de actos previstos en la Ley Penal que incidan sobre la actuación administrativa; todas aquellas acciones u omisiones que  contravengan, lesionen o quebranten los principios o normas disciplinarias, morales o sociales”. Lo que se complementa con el artículo final, del cuerpo reglamentario, que señala un criterio formal a seguir “…las presentes disposiciones se complementarán con las normas generales de actuación administrativa”, lo que nos remite a los principios generales en la materia.

            El mismo decreto señala en sus Considerando II que; “Que razones de buena administración hacen necesario proceder a reglamentar el citado artículo como forma de garantizar con objetividad  los derechos y obligaciones que se originan al amparo de la referida disposición legal”, es decir establecer las garantías mínimas tanto para la administración así como para los administrados que ingresen bajo la modalidad antes dicha.

            En materia contractual, los trabajadores policiales que ingresaron bajo esta figura, firmaron un contrato de servicio que destaca su carácter de “servicios policiales especiales” y en el cual se indica claramente que de producirse la “no renovación, el interesado debe ser notificado con una antelación no menor de 60 días”, y las obligaciones asumidas son las correspondientes a un grado 1 de la Policía Nacional del subescalafón Ejecutivo y su sueldo correlativo. No obstante, contrariando esto, por estos días existen trabajadores policiales que han sido desvinculados en un plazo menor al establecido contractualmente y de un día para el otro sin previo aviso, esto es, un grupo de trabajadores firmaron contrato el 1ro de mayo del 2011 y durante el período comprendido entre, esa fecha y el 30 de marzo, la situación fue normal. Pero al día siguiente se les ordenó concurrir al G.E.P.P. donde prestan servicios, una vez por semana, y al comparecer se los notificó de que estaban de cesados en el cargo por no renovación del contrato.

            De cuando venimos de narrar, puede establecerse que los plazos indicados en el artículo 2do del contrato firmado, fueron incumplidos en materia de plazos ante la no renovación (incumplimiento contractual) y que gran parte de las notificaciones se practicaron el día 30 de Marzo, a un mes de la finalización el contrato.  Creemos que, sin violencia, puede observarse en el texto de las notificaciones que carecen de la causa que da mérito el cese, esto es, de las razones que establece el artículo 4to, del Decreto 355/02 bajo la denominación de “razones fundadas de servicio”, que es congruente con los principios de los actos administrativos.

            Para comprenderlo, vale preguntarse, cómo puede defenderse del cese el trabajador policial al que no se le informa de la razón por la cual se lo desvincula de la institución, teniendo presente que los actos administrativos de esta naturaleza han de ser siempre fundamentados, y si vamos a la multiplicidad de causales que permiten a la administración proceder a la desvinculación de los trabajadores eventuales, no puede sostenerse que no necesario establecer expresamente el motivo, pues también hace a los principios de defensa del administrado y en general a todo trabajador que es despedido. Por otra parte, pero en el mismo sentido, la reglamentación no presenta una sola causal, sino varias razones a eso efectos, muchas de las cuales son una copia del artículo 27 del Decreto 644, (Reglamento General de Disciplina) particularmente en su último giro, el cual aborda el tema de un modo muy subjetivo, contra el cual ya hemos escrito, y además hace de una norma que en principio versa sobre las faltas contra la disciplina, una causal de cese, nada menos.  

            Veamos ahora el texto mediante el cual se está desvinculando a los trabajadores policiales y el cual tiene el tenor siguiente: “POLICIA DE MONTEVIDEO. DIRECCION DE PERSONAL - I.D.A.T.Y.C. ACTA DE NOTIFICACION: En la ciudad de Montevideo, a los 30 días del mes de marzo de 2012, comparece ante la Jefatura de Policía de Montevideo- Dirección de personal_______________, titular de la cedula de identidad No_____________, a quien por intermedio del presente se notifica que de acuerdo con las condiciones establecida en el Contrato de Servicio firmado el 01 de MAYO DE 2011 será cesante de su actual cargo de Agte de 2da. Con fecha 30 de abril 2012. Notificado____________________ Firma. Notificador­­­­­­­________________” 

            Parece claro que si bien el Ministerio tiene las facultades, para desvincular a los trabajadores, por normas constitucionales, legales y decretos, esto no debería ser estorbo, para que se cumplan los contratos, las garantías que el derecho nacional establece para estos casos y se ejerzan, aun habiendo causal para cese,  los derechos que debe tener el trabajador para procurar mantener su fuente de trabajo.

            Hace un año, cuando la mayoría no veía con buenos ojos a los trabajadores policiales eventuales, nosotros insistíamos en que la modalidad contractual buscaba, entre otras cosas, la flexibilización de la relación laboral y que era imprescindible el que se sindicalizaran para hacer frente a esta posibilidad, justamente por la fragilidad contractual por la que se habían vinculado a la Institución. Creemos, no obstante y aunque este hecho no se produjo, que no es imposible pues la gran mayoría de ellos aun mantienen el estado policial. Es entonces imperioso que los compañeros que se encuentren en esta situación busquen asesoramiento lo más pronto posible y realicen las acciones o denuncias ante los organismos correspondientes, recuerden que los plazos corren y en el derecho, estos, son centrales.

Otro tanto podría decirse de la restricción de derechos que los trabajadores eventuales, padecen, pues están en un régimen extraño, por diferencial del resto de los trabajadores policiales. Una de las particularidades, es según parece que para ingresar a la Escuela Nacional de Policía deben ser baja en sus respectivos cargos y alta en dicho centro de estudio, de forma análoga a los aspirantes civiles que ingresan a la carrera. No obstante por estos días, una multiplicidad de rumores de pasillo circulan en los grupos de policías eventuales, pero a nuestro juicio, esta figura jurídica no estuvo pensada para permanecer, y un elemento de ello es que dichos trabajadores policiales no computan antigüedad, elemento central a la hora de pensar en un desarrollo de la carrera administrativa, en este u otro poder del estado.

Es admisible, en este contexto, pensar que asistimos a la merma progresiva de esta figura, en forma inversamente proporcional a la reducción de los topes horarios del servicio contratado (222), pues a nadie puede escapar que, como se dijo, la indumentaria y el salario de estos trabajadores no proviene de las leyes de presupuesto, sino de los recursos de los contratantes vierten al Ministerio del Interior, todo lo cual hay que entenderlo a la luz de la reducción anual del servicio contratado que opera por el artículo 206 de la ley 18719, y da de alguna forma noticia de la vida activa de la figura eventual en nuestra institución.  

Quizás no fue una buena idea, destinar a los trabajadores policiales eventuales a tareas especiales, por motivos de coyuntura, y que mucho colaboraron a formar una idea equivocada sobre su naturaleza jurídica, a todo lo cual el trato recibido por estos colaboró a que las divergencias se incrementarán respecto del resto de los trabajadores policiales. Queda pendiente una discusión algo más profunda, y es la corrección de esta modalidad contractual, los procesos para ingreso, los actores que pueden contratarlos, el alcance que tiene cada contratante sobre los integrantes de la fuerza pública y los proceso de desvinculación que hoy se ponen en práctica, a la luz del derecho nacional, todo lo cual hablaremos analizaremos más adelante.  

Un abrazo fraterno para todos.

                                    Miguel Barrios.-

LAS RE-PARTIDAS DEL PREVENTO-REPRESIVO

Hace ya un tiempo que, dentro de las compensaciones que se dispusieron para estimular a los trabajadores policiales que llevaban adelante tareas de calle y para estimular que otros las desempeñaran también, fue que se creó la partida especial por la lay 18719 en su artículo 209 que reza; “Habilítase una partida de $ 213.348.994 (doscientos trece millones trescientos cuarenta y ocho mil novecientos noventa y cuatro pesos uruguayos) a los efectos de abonar una compensación mensual individual a la que tendrán derecho los integrantes del subescalafón Ejecutivo en la categoría de personal subalterno del escalafón L "Policial", y el personal de los grados 1 a 5 del escalafón S "Penitenciario", que estén prestando servicios efectivos permanentes en establecimientos carcelarios, o en tareas directas de prevención y represión de delitos, o en tareas directas de combate de fuegos y siniestros, o en tareas directas de seguridad vial en rutas nacionales.

Se ajustará en las mismas oportunidades y montos que ajusten los salarios de la Administración Central. El Ministerio del Interior dispondrá de un plazo de sesenta días de iniciado cada ejercicio, a los efectos de la reasignación entre unidades ejecutoras y programas, de los créditos presupuestales que se autorizan por el presente artículo”.

De este modo, se abría un interminable debate entre trabajadores policiales y en el seno de algunas organizaciones sindicales sobre el criterio utilizado, por la ley, para el otorgamiento de la partida de referencia, y en ese sentido las posturas se dividían básicamente en dos; por un lado en mayoría, los que entendían que la partida debía ser cobrada por todos, y para eso seguían el siguiente proceso de razonamiento; el trabajador policial ejecutivo que, eventualmente cumple funciones administrativas por disposición de sus superiores no puede negarse, llagado el caso, a realizar tareas netamente prevento-represivas si así se lo ordenaren, como en ocasiones ha sucedido y, en ese marco, no le era oponible a la orden referir a la designación de la tarea administrativa, ni el no cobro de la prima por la tarea prevento-represiva, como excusa para no proceder a cumplir la orden o servicio.  

Se argumento además, que dicha tarea se cumple cuando el trabajador policial se traslada de a la dependencia o se retira de ella, por un plazo más reducido sin dudas, pero se cumple de todas formas, también se sostenía que en esos supuestos pueden surgir eventualidades, y atento a esto se debía proceder en ejercicio de la tarea prevento-represiva, por lo que se entendía que el pago de la partida creaba una situación de desigualdad entre integrantes de un mismo escalafón (en el caso el “S” o “L”), y grado, lo que se entendía incorrecto.

Y por el otro, en minoría, se hallaban los que no cuestionaban los criterios utilizados para discriminar quienes recibían el beneficio y, para ello, se realizaba el razonamiento siguiente; es claro que no es lo mismo siendo un trabajador policía ejecutivo cumplir tareas netamente prevento-represivas permanentemente que hacerlo eventualmente, como les toca muy cada tanto a los policías ejecutivos que realizan tareas de apoyo, generalmente administrativas. Y, en este sentido, suscribían uno de los criterios que la norma empleaba para otorgar la partida, es decir la naturaleza de la tarea. Por otra parte, sostenían que no podía escapar a nadie que el ejecutar tareas prevento-represivas implica no sólo un incremento en los niveles de riesgo, de mayor exposición a las inclemencias del tiempo, así como a los efectos o requerimientos de la justicia como sucede, y finalmente en comparación con aquellos trabajadores que realizan tareas de apoyo, las condiciones laborales eran más duras y riesgosas en general. Por ese motivo, percibían como injusto que la prima se pagara con carácter general, sin antes considerar estas particularidades que rodeaban a la tarea que era objeto de compensación especial.  

Nosotros, más proclives a esta última postura, creímos sin embargo que la intención puesta de manifiesto en la prensa respecto al fundamento de la partida, antes de la creación y pago de la misma se desvirtuó. En eso tuvo mucha incidencia la forma de ejecución, la ausencia de controles rigurosos para censar a quienes cumplirán esa tarea y quienes no, quienes lo hacían todos los días y quienes sólo a veces, etc. Esto dio paso a un conjunto de errores que, hoy día, ya merecieron miles de peticiones administrativas de pago de la prima por tareas prevento-represivas, por los trabajadores policiales de todo el país.

Pero, para comprender mejor, analicemos los criterios utilizados para determinar quiénes reciben el beneficio y quiénes no. El artículo 209 señala básicamente dos criterios; el primero refiere a las categorías de sujetos al que se destina la partida, a saber “subescalafón Ejecutivo en la categoría de personal subalterno del escalafón L, Policial, y el personal de los grados 1 a 5 del escalafón S, Penitenciario, en otras palabras, lo pueden percibir, de grado 1 a 6 del personal Ejecutivo (subalternos) y de grado 1 a 5 de los Penitenciarios (subalternos), pero el segundo criterio aporta la clave que revela el verdadero fundamento de la partida, cuando señala que, la recibirán de los comprendidos en los grados y categorías antes dichos siempre que estén “prestando servicios efectivos permanentes en establecimientos carcelarios, o en tareas directas de prevención y represión de delitos, o en tareas directas de combate de fuegos y siniestros, o en tareas directas de seguridad vial en rutas nacionales”.   

De este modo, con claridad meridiana la norma señala como criterio rector el carácter de “permanentes” (ininterrumpidos, todo el tiempo, siempre o casi siempre) las tareas prevento-represivas desempeñadas por el personal antes dicho. Con esto, se derrumba uno de los elementos más fuertes de la primera postura que repasábamos más temprano, desde que sólo eventualmente, por orden expresa, o por el mero traslado del domicilio a la unidad y viceversa, se cumple con la tarea ya referida, más o menos directamente. También el pasaje citado refleja el desconocimiento del funcionamiento de la mayoría de las unidades, donde no existe exclusividad de tareas, sino por el contrario esta varía día a día, pero sigamos.

La norma deseaba premiar, con acertado criterio, a los trabajadores policiales que estaban expuestos a los mayores riesgos, por períodos de tiempo más prolongados, pero al encomendar el relevamiento a las diversas unidades se fue desvirtuando por varios motivos. Uno de ellos guarda estrecha relación con la forma en que se consignan los destinos en las dependencias o unidades ejecutoras, ya que estos son generalmente rotativos, salvo excepciones, así como son sólo parcialmente confiables los escalafones de los cuales se extraen dichos registros pues, a nadie puede escapar que son objeto de controles mínimos y relativamente fáciles de modificar. Por lo que presunta regla, de la cual depende la asignación de la partida, es más cercana a la excepción, por lo antes señalado.  

No obstante, un error de aplicación vino a jugar un papel determinante en la distribución de dicha partida y su pago, este fue que el censo inicial donde no se lo actualizaba bajo un criterio periódico relativamente razonable. Esto permitió que los movimientos regulares que sufre principalmente el personal subalterno en la función, en el destino, e inclusive hasta de dependencia o unidad ejecutora, y no quedan reflejados por dicho registro que, como todo registro de pago mensual debe ser actualizado en igual período, puesto esa forma de censar que no es más que una foto de la unidad en un momento dado. Así fue posible que policías que habían cambiado su tarea, siguieran cobrando la partida, y quienes la pasaban a desempeñar no.

Esta inverosímil situación se perpetúa hasta estos días y, en medio, ya pueden contarse varios pedidos de registros, varias revisiones del sistema y el pedido reiterado de que en los registro que se eleven por parte de cada dependencia, no se incluyan ni los Guardias de Comisaría, ni los Guarida Interna, ni Comisiones, ni quienes se desempeñan en tareas propias del Internato. Este pedido evidencia que en los registros elevados para acceder a estas partidas se han incluido a personal que no está o estaba cumpliendo con las mismas, o bien, las cumplía pero había dejado de hacerlo al momento del pago.        

 Sería injusto atacar la intención o el objetivo de la norma que analizamos, porque hemos sostenido, en más de una oportunidad, que entre los múltiples cambios que es menester provocar en el sistema de policial a los efectos de potenciar y estimular la superación personal,  el desempeño funcional es, justamente, premiar a los que se encuentran expuestos a los mayores riesgos y, de igual modo, premiar proporcionalmente al trabajo, por su forma o su resultado, pues esto termina siendo la conclusión de todo análisis honesto orientado en ese sentido.

Pero por estos días, es claro que los mecanismos para relevar quienes cumplen esta actividad son sumamente ineficaces, sin perjuicio de las injusticias que provoca entre los trabajadores policiales, y los perjuicios económicos que se acumulan mes a mes. Creemos que bien podrían aplicarse otros mecanismos para censar, al tiempo que establecer normativamente algunas soluciones más objetivas a la hora de establecer estímulos. Hace seis meses logramos terminar un proyecto que establecía criterios objetivos para evaluar el desempeño funcional de cada trabajador del escalafón ejecutivo, lo que le permitía ser premiado proporcionalmente al trabajo que desarrollaba y hacia lo propio en relación a las condiciones de trabajo en la cual permanecía desempeñando dicha actividad, pero los ámbitos de negociación fueron bloqueados, como es costumbre desde mediados del 2010 hasta hoy.  

Pero, si cabe un reproche que hacer a esta normativa, es que toma a la actividad prevento-represiva desde un criterio extremadamente cerrado o limitado, esto implica entender que ciertas actividades que comprenden gran responsabilidad, riesgo y trabajo en desproporción numérica, como en el caso de los Guardia Interna, no son correctamente valorados, así también las comisiones que con frecuencia implican tareas directas de prevención y represión del delito, o bien el caso del Guardia de Comisaria, quien es muchas veces el que toma intervención en hechos que se suceden en las cercanías o, en algunos casos, dentro de la propia dependencia en tareas netamente prevento-represivas.

Esta intención de premiar a los trabajadores policiales que se encuentran en zona de riesgo, por la naturaleza de su tarea, en términos generales se desvirtúa por una cantidad importante de errores, de base, en los presupuestos sobre los cuales se edifican los estímulos propuestos por técnicos ministeriales reiterando un error, a estas alturas inexcusable, hacerlo de forma inconsulta con las organizaciones sindicales ya que, de ese modo, se obtendría una normativa más justa, y mecanismos, para implementarlas, con un reducido margen de error en comparación con el actual. Aunque, tembién es cierto, que esta práctica parece no ser el fuerte en las mesas de negociación colectiva por estos días, sobre todo con las organizaciones no alineadas con la central.

            Un abrazo grande para todos.  

                                                               Miguel Barrios.-    

   

LA LIBERTADES SINDICALES BAJO EL VIENTO NOROESTE.

                Son pocos los que siguen permanentemente los procesos que llevan adelante las organizaciones sindicales policiales por estos días, pero entre los que sí lo hacen, están los dirigentes sindicales de primera línea, los de segunda línea y los trabajadores que han logrado no sólo comprender el sistema en el que se encuentran, sino también la vulnerabilidad de la posición que ocupan.

                Los que no, reciben sólo noticas de forma intermitente y esto con frecuencia conspira contra el sano y necesario análisis contextual de nuestras realidades, en otras palabras, se pierde referencia de los hechos, dichos y posturas del movimiento, de cada organización y, naturalmente, de cada dirigente o, incluso, de la cartera ministerial que últimamente marca la agenda de muchas organizaciones sindicales a placer. Por eso, es siempre oportuno para analizar informado, ubicar cuidadosamente cada cosa en su propia geografía.  

                En este devenir de las cosas, en los últimos días la cartera ministerial ha sostenido que impulsará la reglamentación de la actividad sindical, la cual también afirman que podrían llagar a estar vedadas hasta las movilizaciones, entre otras formas de manifestación gremial policial. Se ha sostenido, de igual forma, que la intención es poner estos límites a la actividad dentro del proyecto de la nueva ley orgánica policial que viene trabajando el Ministerio, hasta  el momento a puertas cerradas. Pero debido a cuestiones de inmediatez, ahora, se proponen establecerlos por medio de la reglamentación lo que, por su parte, habilita el Derecho Internacional en la materia.

                Lo que desató esta reacción normativa –selectiva- del M. Interior aparentemente fue la marcha y corte de Ruta en el Peaje de Pando, llevada adelante por un grupo de sindicatos policiales que están de momento en la U.SI.P y la promesa de aplicar otras movilizaciones, de igual naturaleza, en diversos puntos e incluso ocupaciones de locales de la cartera ministerial. Sólo unos pocos sindicatos no acompañaron esta medida (S.U.P.U. y otros sindicatos), naturalmente por diferencias que se mantienen hasta hoy por las formas, los fondos de cómo se abordo el asunto, estos sindicatos que se apartaron y no participaron mostraron una postura más ortodoxa, clásica o conservadora, según como se lo entienda.

                Las organizaciones que ejecutaron la marcha a Pando y el breve corte en dos oportunidades, demostraron ser, entre los dos existentes, el sector más radical en sus medidas de los que para ese momento ya se habían demarcado claramente por este mismo hecho. En ese contexto el M.I. expresó por varios medios de prensa que las investigaciones administrativas, las sanciones, sumarios, no descartándose destituciones, se trabajarían de forma independiente por Jurídica el Ministerio y que, en ningún caso, serían objeto de negociación en la próxima mesa tripartita que, con antelación al corte, había propuesto el M.I. y los sindicatos de Pando.

                 En ese transcurso de los hechos nos pareció, desde nuestro lugar, que había que estar muy atentos a lo que sucediera con los sindicalistas que participaron de las medidas. Ya que, en ese marco, dependiendo de los hechos se estarían poniendo en juego varios derechos, entre ellos, las libertades sindicales, por efecto indirecto, de todas las organizaciones sindicales policiales de todo el país. Puesto que, en determinado temas de orden sindical, es un error pensar que el hecho de que hayan o no participado de las medidas, puede hacer alguna diferencia y, en ese sentido, llegamos a manifestare a algunos de los dirigentes que participaron que estaríamos atentos, porque en este caso y sin perjuicio de las responsabilidades que presuntamente se le imputarían a los participantes, había un tema de fondo que nos generaba preocupación y que referían a los excesos en que el M.I. podía incurrir en este camino de poner coto a ciertas medidas de los sindicatos policiales.

                Fue así como una semana y media después los sindicatos que participaron en Pando ingresaron al M.T.S.S. a negociar sobre la orden 12/11 y los Sumarios que se les había abierto a otros dirigentes por haber realizado actividades sindicales que no tenían relación con el caso Pando.  De la primera reunión poco y nada se supo, y se pacto otra para el pasado jueves. De esta reunión según los dichos de los participantes por las organizaciones sindicales se llego a acortar que; no habría Sumarios para los dirigentes que participaron en la marcha y corte de Pando, se crearía una Comisión para evaluar la justeza de las sanciones impuestas por virtud de la orden 12/11, por un lapso de 30 días, a los efectos de determinar que parte del sistema había que reformar y que los únicos interlocutores válidos para esas negociaciones eran los sindicatos que habían participado en Pando.

                También se abrió opinión por parte de autoridades ministeriales respectos a las críticas  que algunas organizaciones sindicales realizaron a la gestión de la cartera, en ese sentido se tildó de “ala radical” a los sindicatos que realizaron denuncias a nivel parlamentario y en los medios y a otros, que retornaron a la actividad después de un corto retiro pero de forma externa a la central y de los que participaron en Pando.

                Lo cierto es que las organizaciones sindicales que participaron en la marcha y corte en el Peaje de Pando, fueron a negociar la orden 12/11, pero el resultado fue una la creación de una Comisión, con efectos no vinculantes, es decir que sus pronunciamientos no son obligatorios para la cartera por cuanto, la referida Comisión sólo se avocará a discutir las sanciones que se aplican bajo la orden numero 12/11 y, si bien esto no impide que estas se recurran por los canales administrativos correspondientes, pueden resultar poco oportunos o engañosos para los trabajadores policiales que crean que por este mecanismos ad hoc (de momento) se dejará sin efecto las sanciones que se eleven, más aun, se corre el riesgo de quemar los plazos legales definitivamente para hacerlo en forma administrativa. Cabe aclarar que sólo pueden elevar sanciones a la referida comisión los integrantes de la U.SI.P y la CO.NA.SI.P según lo que dejaron trasmitir ciertos actores, lo que resulta harto extraño porque una negociación colectiva no se hace por sectores de la rama, sino a título de la rama, bajo los criterios de representatividad que marca la ley de negociación colectiva.    

                Lo que más sorprendió es que se muestre voluntad de negociar la orden 12/11 cuando lo correcto sería su caída, por nula. A ningún sindicalista policial se le puede escapar que esta orden viola el Acta de Entendimiento Colectivo del 2010, y sorprende más que se hable de negociar otro convenio, cuando el presente y vigente no se aplica, no se entiende por ninguna parte cual es la coherencia de estos procesos entre ese grupo de sindicatos y el M.I. desde que la violación del Acta del 2010 implica otra cosa que violar derechos adquiridos de todos los policías del país nacidos, válidamente, de un ámbito de negociación colectiva y desde nuestro punto de vista no se comparte por ser una aberración jurídica lo que se hace e incomprensible desde el punto de vista sindical.

                Otra cosa que resulta extraño es que, los procesos administrativos a los que se sometería a los dirigentes sindicales que participaron en Pando, estuvieran arriba de la mensa de negociación, pues se había sostenido justamente lo contrario por parte del M.I el porqué se modificó esta postura, es inexplicable. Nosotros por nuestra parte, días antes, habíamos dichos que ingresar a una negociación con amenazas de sanciones, sumarios y destituciones haría que esas negociaciones no se llevaran de una forma adecuada, dejando más vulnerable a los sindicatos que participaran. También en esa reunión el M.I. anuncio una propuesta de reglamentación de la actividad sindical que, no sólo reitera inútilmente la prohibición de realizar huelga, sino que fue más allá y señaló que vedaría hasta las marchas para los gremios policiales en el futuro, coartando así seriamente las libertades sindicales de todas las organizaciones, pero los sindicatos participantes de la reunión adelantaron que lo evaluarían…

                De prosperar una reglamentación como la que anuncia el M.I. se estaría comprometiendo de forma seria las libertades inherentes a todo el movimiento sindical policial en nuestro país, negociándolo con un sector del movimiento que claramente desconoce los alcances jurídicos de esta presunta reglamentación de la actividad. Pues sin perjuicio de que muchas organizaciones acuerdan que existen límites de acción en materia de medias sindicales, las movilizaciones y otras de menor impacto no deberían ser objeto de prohibición o limitación alguna. Por otra parte, estas limitaciones serían coherentes si las garantías y protecciones especiales de los trabajadores de servicios esenciales se respetaran por parte de la cartera ministerial, cosa que es evidente no ha sucedido desde la implementación de la orden 12/11.

                Dejando de lado las curiosas contradicciones de estas reuniones, ya señaladas, lo cierto es que los sindicatos que no compartieron, ni apoyaron las medidas puestas en prácticas en Pando, los denominados ortodoxos pasaron a conformar de la noche a la mañana el “ala radical” de los sindicatos policiales. Pero, momento, haber si hemos comprendido bien hasta aquí; ¿Una parte de los sindicatos policiales tomó medidas de fuerza y los que no las tomaron son los radicales ahora para el M. Interior? Algo incomprensible está pasando en las reuniones entre los sindicatos y el M.I. que no tiene nada que ver con la correcta aplicación de derecho en la materia, con los procesos correctos, ni con los hechos y acciones que han tomado cada uno de los dos sectores de los sindicatos policiales recientemente, porque se presentan en todos su puntos y efectos tañidos por la irregularidad de sus formas e inclusive sobre el fondo de las negociaciones que se llevan adelante. El deseo de acceder al ámbito de negociación ha dividido a los sindicatos policiales desde su inicio, más aun cuando esto empezó a ser maniobrado por la central, pero este es la primera mitad del camino, el otro, es saber qué y cómo se negocia correctamente sin comprometer los derechos adquiridos de los trabajadores policiales y esto es, por estos días, el objeto de nuestras preocupaciones bajo el viento noroeste que sopla incesante.  

                               Un abrazo fraterno para todos.  

                                                                                 Miguel Barrios.-  

A PROPOSITO DE LA EXPOSICION MINISTERIAL EN EL PARLAMENTO

HORARIOS EN CANELONES

En su exposición el Dr. Carrera señala que, la intención de reformar el régimen horario en Canelones fue, de ordenar los mismos para que fuera posible aplicar políticas nacionales de seguridad puesto que, es una de las metas de esta administración y, con ello, “un mejoramiento de los recursos humanos” según expresó. Pero personalmente discrepo con esta forma tan desprolija de implementar los cambios. Los motivos son los que siguen; no se puede perder de vista que el Personal Subalterno no posee un reglamento que ordene los destinos, en contra partida de lo que si sucede con el personal superior, y este no es un dato menor desde que, si usted tiene un reglamento que ordene los destinos sobre criterios geográficos razonables, tomando como eje el domicilio del trabajador policial, y armónico con las frecuencias de transporte que posee el departamento las dificultades del  trasporte de personal, que hoy aquejan a Canelones no desaparecerían, pero se reducirían sensiblemente.

Esto puede aplicarse a todos los departamentos del país, por cuanto es un criterio que se caracteriza por construirse desde una perspectiva más pragmática, de las realidades funcionales, geográficas y de los medios de trasporte que se disponen y por último si, se establezca un régimen horario armónico con estas realidades. Como dato anexo, el los oficiales poseen un reglamento de destinos pero no atiende a un criterio geográfico, sino que se estructura en base al criterio de que para cada grado, existen una cantidad de destinos posibles, lo que origina los muchos casos de “disponibilidad” y los casos de mala distribución de los oficiales a lo largo de la Republica. Es un error, iniciar la reestructura horaria de Canelones por la parte final de este proceso que acabamos de mencionar, y hoy la realidad innegable nos muestra, ya que las diversas organizaciones sindicales no inventan las inquietudes, las reciben, estudian y retrasmiten a los diversos ámbitos, sean ministeriales o políticos, como la comisión.

                Por otra parte si existe en Canelones horarios diversos, han de responder a motivos específicos. La pregunta es de orden: ¿Se estudiaron esos motivos, su origen y si estos permanecen vigentes hoy, o ya no son necesarios, a la hora de implementar los cambios? No puede desconocerse que en todos los departamentos del país, se existen innumerables diferencias desde el punto de vista de la frecuencia de transporte y volumen de trabajo, las distancias, los recursos que se posea en cada Jefatura, y la cantidad de personal que revista en ella, por tanto este criterio de manera de emparejar a ciegas, mal puede no generar injusticias funcionales y rechazo.

Pero lo curiosos de esto es que el Jefe de Canelones sostiene y acepta que en la Jefatura existen horarios diferenciales, y que son vistos por  los sindicatos como un beneficio pero, para él, no son tal, porque los trabajadores de la mesa cumplen con la carga horaria estipulada, y aquí incurre en un error.  El beneficio que se señala no radica en cumplir menos horas, sino que esos trabajadores, a diferencia de los demás, pueden ahorrarse el tiempo de traslado, espera y demás.  Lo que sí claro, es que escucho a los sindicatos, pero no logro comprender sus planteos, esto lo evidencia. Lo que señala respecto de las 8 horas, es un argumento que en un departamento como Montevideo es aplicable, pero queda descontextualizado con la realidad del departamento Canario, por las razones ya expuestas.

                Por su parte, para nosotros es compresible que no admita que los trabajadores policiales estén pensando en las 8 horas de servicio y las 8 de 222 para ponderar la conveniencia o no del horario, ya que su labor es procurar una buena gestión desde el punto de vista técnico-profesional y si alguna vez se relacionó con la actividad de los servicios contratados, lo habrá hecho en calidad de control, no cumpliendo los horarios típicos, lo que evidentemente le resta firmeza a su posición, pues él también vio incrementado sus ingresos en algún momento por intermedio de esta actividad que ahora, le resulta inadmisible que los trabajadores policiales consideren.

                Por otra parte, que un Jefe Departamental señale que lo se ha manifestado la disconformidad de los trabajadores policiales respecto del nuevo horario, es por lo menos inocente. Pues, olvida el Jefe que estamos bajo un régimen verticalista, disciplinado, que el trabajador policial no le hará alguna manifestación o planteo personalmente a este respecto, y pasa por alto que los trabajadores hablan con los sindicatos de sus problemas, no con los jefes, porque reglamentariamente lo tienen prohibido, por eso son los sindicato los que le realizan los planteos, porque entre otras cosas, están habilitados a hacerlo sin acarrear, por ese hecho, repercusiones disciplinarias.

Pero le asiste razón en una cosa, es obvio que está aprendiendo, porque debe comprender que rol desempeñan los sindicatos policiales, y el porqué de su existencia, y en este sentido, el haber pertenecido o pertenecer al Cirulo Policial, no lo acercará jamás al concepto de del sindicato policial, porque ambas instituciones funcionan de forma diversa y persiguen fines opuestos, esto es una constatación incontestable.

Asimismo, es muy desacertado comparar los trabajadores policiales que viven en Montevideo y trabajan en Canelones, con los que viven en Canelones y viven allí o en otro departamento del interior porque la diferencia, que rompe los ojos, es que los que vienen en Montevideo poseen líneas para todos los departamentos del país, con varias frecuencias diarias, y en esto vuelve a perder consistencia su posición, y refuerza la de los sindicatos cuando hacen hincapié en el trasporte como el mayor impedimento en este terreno y de la propia narración, que hace el Jefe, de los recorridos de los ómnibus policiales se desprende el tiempo que insume la jornada laboral y su traslado, peor aún, son elementos que no se manejan, porque se rigen fascinados por la formalidad externa sin contemplar, desde una visión practica, las cosas que son evidentes para cualquier no entendido en la materia.

                El haber incurrido en la comparación de lo que sucede con los empleados de la construcción y sus formas de traslado, constituye un signo de gran desconocimiento y evidencia que se pierde de vista, en la discusión, elementales razones jurídicas, la primera de ellas los trabajadores policiales cumplen un servicio esencial, por definición no pueden no sólo dejar de cumplirlo, sino que tampoco deberían cumplirlo de forma tardía o retrasada, los servicios esenciales están bajo la responsabilidad del Estado que por intermedio del Gobierno debe articular mecanismos o crearlos haciendo uso de todos sus recursos, para que la continuidad de estos servicios este asegurada tanto en tiempo como en forma, y entrar en ese tipo de comparaciones es lamentable. Además a quien van a plantearle sus inquietudes y necesidades los trabajadores policiales sino a las autoridades públicas, en este caso a él, que ocupa un cargo político-técnico. No sé de dónde sacó que el S.U.P.U. quiere 12 x 24 y tres descansos mensuales. Limitar las soluciones a 70 kilómetros parece algo injusto, sin perjuicio que vuelva a poner sobre la mesa el criterio geográfico que planteamos nosotros a la hora de la distribución de los destinos y que ellos, insisten en no ver.

 SUICIDIOS

El Dr. Anzalone no termina de explicar las causas de los suicidios, y presenta como factores el alcohol y la violencia doméstica, entre otros, pero omite decir que la ausencia del trabajador también es un potenciador de otros factores de los problemas intrafamiliares. La comisión según sus expresiones, todas en futuro, parece aun no inicio sus trabajos, ni aun en Canelones, la pregunta es; ¿Qué porcentaje de policías son capaces de censar, en cuanto tiempo calculan que lo van a hacer, es dable pensar que el trabajador las manifestará sus angustias sabiendo que puede ser encausado a la unidad de estrés? Sostener que los policías que han participado en tiroteos son asistidos por los sicólogos es por el menos irreal, pues soy la prueba de lo contrario, junto a dos compañeros. También plantea que la tasa, o índice, de suicidios no es diferente a lo que la población en nuestro país registra, pero olvida, que no hablamos de cualquier habitante, sino de personas armadas que, aun aceptando su opinión técnica, aquellos tienen el medio para hacerlo las 24 horas del día.

Polémica y muy curiosa resulta la figura del “consejero de pares”, porque se estaría dejando en manos de alguien sin conocimiento técnico acabado, el manejo de situaciones por demás complejas, respecto del cual muchos trabajadores pueden sentirse no afines a su personalidad por diversos motivos y uno se pregunta; ¿No tiene capacidad el Ministerio del Interior de proyectar esto a nivel nacional por intermedio de las mutualistas que asisten a los trabajadores por convenios con la cartera? ¿Por qué se muestran en la necesidad de que sea ese equipo y no otro médico con el perfil técnico necesario para hacerlo, como quienes prestan desde ahora la asistencia, prevención, guía o tratamiento a los trabajadores de todo el país pero enfocado en esta materia? Bien pueden estos médicos hacer ese trabajo, y enviar los datos a la unidad de estrés del H. Policial, puesto que nos preguntamos qué tiempo insumirá concluir este relevamiento y qué sucederá con la prevención mientras tanto, no parece algo serio plantear que un equipo, emprenda una tarea a nivel nacional y menos con la fama que trasciende al a ante dicha unidad de estés. Si se quiere ser depositario de confianza, hay que generar mecanismos que permitan la atención de una forma no invasiva de la carrera funcional en ningún aspecto, en tanto sea posible.  

Por su parte el Dr. Carrera, no dice quién, ni bajo que formalidades y motivos le comunicaron que Jorge Clavijo (representante del S.U.P.U.) quedaba fuera del ámbito de referencia en materia de salud laboral, y si se limita a conformarse pasivamente con un imprevisto cambio de actores sobre el cual, líneas más abajo, reniega bajo el argumento de que no sabe al final con quien están dialogando y/o negociando. Según manifestó, no comparte que dicha comisión esté en la órbita de la Dirección Nacional de la Policía y, en este sentido, cabe preguntarse si no habrá sido para que la más alta autoridad (el Director Nacional de Policía) estuviera directamente comprometido no sólo en la parte técnica del problema sino en la implementación de las soluciones, según señala el decreto de referencia. Este hecho con el que no está de acuerdo no impide, no puede impedir, que la comisión funcione de forma debida y resuelva las problemáticas, sin olvidar que sus recomendaciones no son vinculantes, es decir no obligan, lo que podríamos llamar “efecto cero”.  

 SINDICATOS POLICIALES

                En este punto el Dr. Carrera sostiene que desde la cartera ministerial se ha resuelto negociar con el más representativo, (suponemos que habla de los sindicatos) y nos preguntamos; ¿Cuando la U.SI.P paso de ser una mera unión funcional, a un sindicato formal y estatutario? ¿Qué documentos tiene en su poder que acredita que aun siendo un grupo de sindicatos, la U.SI.P tiene una representatividad mayor que otros sindicatos? ¿Tiene los padrones de socios cotizantes? O sólo confía en los dichos de ciertos representantes del Pit, o acaso su fuente, son las versiones de prensa, donde la U.SI.P ha sostenido tener últimamente 7000 socios, antes 5000, antes 4500, y así, todo en tan solo 5 días de diferencia.

Es más raro aun, que en el papel que en los caminos de apadrinar a los sindicatos policiales que se atribuye el ministerio y en particular el Dr. Carrera que no haya advertido que si los afiliados a nivel nacional son 8000 promedio, nunca se gestionara a su pedido un registro de cuál de los sindicatos policiales de los que existen hoy, es el más representativo y tampoco le haya pedido una definición al M.T.S.S. al respecto, en ese camino de “racionalidad” que menciona pretenden aportarle a las organizaciones sindicales.

Por otra parte, sería deseable saber quién le informó que el S.U.P.U esta fuera del Pit-Cnt, porque si es sólo una información no oficial, mal puede hablar de racionalidad en relación a los gremios policiales, al actuar o expresarse en base a comentarios o trascendidos y como Dr. en Derecho, debe recordar que las asociaciones civiles, son libres de determinarse por sí, entre otras cosas quienes la componen y en esa materia no debe inmiscuirse ni él, ni ninguna autoridad política, como lo hace el Jefe de Policía de Canelones, pues ambos caen en el mismo error. Así como el ministerio no admite la “cogestión”, las organizaciones policiales no admiten, ni lo harán jamás, que se les indique qué y cómo deben actuar, pedir, o cómo expresarse. Es claro que en nuestro país, como en el caso de ANCAP que el propio Dr. Carrera cita, existen trabajadores retirados componiendo sus filas, y eso es una libertad jurídicamente válida, que ni el Director General de Secretaría debe cuestionar, ni ningún dirigente de la central de trabajadores, pues ninguno puede inmiscuirse en la interna de las organizaciones sindicales policiales a menos que exista una intención no declarada. Y extraña mucho, por otra parte, la similitud de ambos discursos, con idénticos términos inclusive, uno de la patronal y otro de la central, lo que claramente no constituye una mera casualidad.

                Sin perjuicio de los señalado, el Dr. Carrera pasa por alto que, cuando un trabajador se jubila, no se trasforma en empresario o profesional, sino que es un mero trabajador retirado que percibe un aumento, de su jubilación, cada vez que a los activos se les aumenta el sueldo.   Y si además se tiene presente, como debería tenerlo, por estar en el tercer lugar de la cartera ministerial que en el caso de la policía ese trabajador mantiene sus obligaciones y derechos por 4 años desde la fecha de su retiro, es muy loable y acertado que estos integren los sindicatos policiales.

                Por otra parte, pero en el mismo sentido, el Legislativo ha elevado un proyecto de ley para hacer retornar a los jubilados policiales a la actividad, para cubrir las vacantes que, aun por varios medios, el Ejecutivo no ha logrado llenar y esto en armonía con lo que venimos de sostener, en lugar de apartar la solución de principio, la confirma. Porque para el Estado el trabajador policial, puede ser llamado a reintegrarse bajo ciertos supuestos, a suspendérsele la jubilación en trámite, a negarle la solicitud de baja o a reincorporarlo a la actividad mediante un proyecto de ley, como ya se hizo hace pocos meses.

                Pierde de vista el Dr. Carrera, que las modalidades de activo o pasivo, como se dijo, revisten una especial naturaleza en la Institución Policial, y que las divisiones señaladas, en definitiva, son criterios que obedecen a cuestiones previsionales y no cambian lo que ha sido una persona toda su vida, es decir un trabajador antes activo, ahora pasivo.

                De igual modo, si damos por cierto los dichos del Dr. Carrera en cuanto a que a los sindicatos se les dijo que, si tenían proyectos de reforma de la ley orgánica los presentaran y a partir de ahí se discutirían con ellos sobre el tema, por qué motivo entonces en el comunicado del 5 de enero luego del corte en el Peaje de Pando, la cartera manifestó que los sindicatos policiales no han hecho ninguna propuesta, cuando quien escribe elevo por lo menos dos proyectos articulados que, aun hoy, están sin respuesta y no poseen ámbito de discusión alguno.

                Lo que sería deseable es no discutir el tema ley orgánica policial de un día para el otro, ya que, si uno aprecia detenidamente los dichos de la cartera, se planea abordar y presentar el tema el año que entra, razón por la cual en estos momentos ya deberíamos estar discutiendo el tema. Es verdad que el ministerio quiere firmar un acuerdo de horas sindicales, pero no es menos cierto  que cuando uno de los sindicatos policiales, ya tenía una respuesta, o contra propuesta para presentar en el ministerio, se bloqueo el ámbito, a excusa de que no había un representante de la central obrera, y aclaremos que esa reunión no iba a ser en el M.T.S.S. sino en el Ministerio del Interior por lo que, en una primera apreciación, parece que el interlocutor debe ser de agrado de la cartera, y entonces sí, se tratan los temas de forma bipartita, como muchas veces se ha hecho, y todos en el movimientos sindical saben esto, pero en caso contrario no. Ahora bien, no parece correcto, hablar de ámbitos de negociación cuando se impone un criterio selectivo de parte de la patronal, para elegir interlocutores, ya que ni lo permiten las normas de negociación colectiva, ni las prácticas de buena fe en las negociaciones laborales. 
               

COLONIA BERRO

                El Jefe de Canelones vuelve a confundir el rol de los sindicatos policiales, al esperar que ejerzan las facultades de contralor y disciplinarias que son de su exclusiva competencia, y sobre las cuales tiene vastos mecanismos desde la aparición de la orden 12/11 para evitar se repitan, y además, ningún sindicato policial defendería dichos actos, como resulta obvio para casi todos por estatuto.

                Lo que causa verdadero asombro es que, el Jefe juzgue lo que un representante sindical  denuncia, apelando a los registros personales del dirigente en materia de destinos, volviendo a confundir el rol que desempeñan los sindicatos policiales que, como se dijo, es obvio que reciben denuncias de sus compañeros que están en muchas unidades en las que no han estado, ni estarán los dirigentes sindicales. Pero no reciben “información” como sostiene el Jefe reciben planteos, denuncias, reivindicaciones, etc. Ahora lo que importa realmente,  o debería, es si los hechos denunciados son ciertos, no si quien la denuncia ha pasado por la experiencia y, por lo que se desprende de las actas parlamentarias, esas denuncias son ciertas. Es un criterio muy limitado el investigar si los dirigentes policiales han estado directamente vinculados a las situaciones denunciadas y de dudosa corrección, como acto administrativo de un Jerarca.  

                Es cierto, es preocupante que el Jefe se haya enterado de las situaciones vividas en la Colonia Berro por medio de las denuncias de los sindicatos a la comisión, en eso debo suscribir lo dicho por el jerarca, porque mas preferible y reglamentario hubiera sido que los oficiales que prestan servicios en dicha unidad, se lo hubieran informado, como lo mandatan varios cuerpos normativos policiales, en materia de novedades del servicio respecto a los superiores. 

                Creo que de las exposiciones, surge claramente done están las causas que generan las carencias de acuerdos y de dialogo entre los trabajadores policiales organizados y autoridades de la cartera ministerial. Creo que quedan detalles que el lector sabrá analizar mejor, según sus creencias y pensamientos. Pero no pierdan de vista que, aunque siendo denunciado en cada oportunidad que concurren los sindicatos policiales al parlamento, desde la cartera ministerial, no se emite ni una vocal sobre la legalidad de la orden 12/11, ni la circular 1/11 y la violación del convenio colectivo del 2010 pero, también puedo estar equivocado.   

                             Un abrazo fraterno para todos.

                                                                                        Miguel Barrios.