lunes, 5 de julio de 2010

EL DERECHO A OPINAR...



Quienes hace un buen tiempo que nos vinculamos de diferentes formas con ámbitos democráticos, no sólo nos sentimos cómodos con el movimiento natural que surge en dichos lugares, sino que los defendemos a cada paso.

No es noticia que los sindicatos policiales, según sus estatutos, deben de ejercer la más amplia democracia, sea en la elección de sus autoridades así como también en el ejercicio de su funcionamiento posterior y cotidiano.
Sin perjuicio de ello viene ganando espacio, dentro de los sindicatos policiales, una peligrosa tendencia que ha optado por la censura en lugar de la tolerancia o la reflexión, por la limitación de los espacios o las formas de participación en lugar de su apertura. Coartando, de este modo, el natural proceso de crecimiento que nacen de los espacios democráticos bajo de excusa de la celeridad del tema, la unidad del movimiento, o la causa de la lucha.

No pueden olvidar los integrantes de los sindicatos policiales, que los espacios democráticos que nos permiten la Constitución, la ley y los estatutos no admiten, en modo alguno, limitación por parte de persona alguna y a pretexto de ningún motivo.

Y nuestro orden jurídico, en todo caso, prevé los mecanismos de responsabilidad por el uso indebido de los derechos que se ejercen allí, pero siempre con formalidades específicas. Todo cual permite garantizar la aplicación justa de dicho sistema.

Es precisamente ésta ilegítima limitación de derechos lo que corresponde controlar a todos y cada uno de los integrantes de nuestros sindicatos policiales, sea en el seno de una asamblea departamental, nacional o bien de la misma federación. Porque si ellos no admiten el yugo de superioridades, de idéntica forma y con igual celo hemos de guardarlos de nuestros propios errores.

Toda lealtad mal orientada o disciplina sindical o acuerdo en sentido diverso a la defensa de los derechos de cada policía sindicalizado a pensar según sus convicciones y comunicarlo libremente a sus iguales en los ámbitos que nos pertenecen a todos según la Constitución, la ley, y nuestros estatutos viola la honestidad del movimiento, así como la confianza que en cada uno de nuestros compañeros hemos depositado.

El derecho a opinar de un compañero, aun desde la disidencia, debe ser protegido y respetado, tanto, como nuestro propio derecho a pensar y expresar una idea o pensamiento. Si abandonamos, por cualquier causa, estos valores toda cosa que podamos conquistar en los caminos de la lucha sindical, será tan espurio como el camino que elegimos para obtenerlos antes. Porque estamos olvidando que los procesos democráticos conllevan sus tiempos de maduración, sus procesos intelectuales y sus naturales vaivenes, sin los cuales somos tan viles con nuestros iguales como quien nos ha empujado a la lucha, por someternos al yugo de su verticalidad colmada de impaciencia e intolerancia.