Creo importante, para iniciar, recordar la opinión de la Dra. Elena Salri, cuando se refiere a la evolución del Derecho de Familia en nuestro país, calificándolo de positivo y progresista, lo que se evidencia, según señala la profesora, en “el amparo cada vez mayor a los integrantes que se miran como más débiles y desprotegidos de la familia (menores, mujeres y –recientemente- los de mayor edad)”.
Indudablemente dentro de esa evolución del
Derecho de Familia puede incluirse, la ley 17.514 (de orden público),
que aunque no se haya dicho expresamente, viene a proteger principalmente a la
mujer y al menor, de la agresión del hombre, deducción que puede extraerse,
básicamente de dos datos objetivos, el primero, nos habla de que son los
hombres quienes encabezan las estadísticas como promotores de violencia
doméstica a nivel nacional, regional y mundial, el segundo, es terminológico,
pues en toda la ley cuando se hace referencia a la persona promotora de
violencia doméstica, en todos los casos usa la expresión “el agresor”
descartando, el principio, que la mujer pueda serlo.
Pero la violencia doméstica, como problema social, no es algo nuevo, en todo
caso, lo estrictamente nuevo, es el cambio social y legislativo que fue optando
por abandonar paulatinamente la impronta del patriarcado, para pasar a
soluciones más equitativas en sede de vínculos familiares, más allá que le
proceso cultural parece venir mucho más atrás.
En éste sentido, algunos autores sostienen que
es un fenómeno que atraviesa la sociedad trasversalmente, como otros flagelos,
mientras que otro sector se concentra en los patrones y perfiles
que adquieren y desarrollan los promotores de violencia doméstica, definiendo
rasgos concretos, característicos circunscribiendo áreas dónde se los detecta.
Sin inclinarnos, de forma concluyente por uno u otro criterio, ni observarlos
como incompatibles, lo cierto es, que existe dentro de ambos la coincidencia de
que algunos factores incrementan los riesgos de resultados trágicos, cuando
éstos se conjugan en el perfil de un agresor, entre los cuales está,
naturalmente, el acceso a armas de fuego. Pero al contrario de toda lógica, la
estadística de casos de homicidios fruto de violencia doméstica, no está
encabezada ni por policías, ni militares, éstos constituyen si, un porcentaje
dentro de las cifras generales, más no el grueso de las mismas, como podría
pensarse.
En cualquier caso, esto dista mucho de quitarle la gravedad que, para éste
sector de trabajadores, tiene puesto que la ley 17.514 encomienda a la fuerza
pública innumerables diligencias relacionadas con la detección temprana,
prevención, erradicación y represión de la violencia domestica. Contradicción,
no menor, por lo que veremos seguidamente.
Desde que toda la acción estatal se apoya en la fuerza pública, para las
múltiples actuaciones en el terreno de la violencia doméstica, todo indicaría
que todos los integrantes de ésta, deberían ser inicial y preventivamente
tratados, en su proceso de formación, a los efectos de garantizar que los
futuros soportes humanos que encararán parte importante de la lucha contra el
flagelo no ejercen, al mismo tiempo, violencia doméstica en sus hogares. Con
todo lo que esto implica, y condiciona en sede de atención de víctimas en los
diferentes lugares que desempeñan funciones, y más allá de los mandatos
normativos funcionales subyace aquí una desinteligencia mayor.
Pero, aunque la lógica indique lo poco conveniente que puede ser encomendarle a
una persona que tiene (o podría tener) un padecimiento como éste, emprender con
responsabilidad y objetividad las acciones para erradicar ese padecimiento,
para sorpresa de muchos, si, así se implementa. No son pocos los casos que en
estos años de trabajo sindical hemos visto, trabajado y derivado a los lugares
correspondientes según la ley en los que, con frecuencia, el promotor es un
trabajador/ra policial y otros, los menos como víctimas, descartando los
casos dónde se abusa de ésta protección normativa, bajo otros fines, como
disputa por tenencia de hijos, bienes, pura revancha personal o despecho.
No obstante, atendiendo a ésta realidad cotidiana, desde el SUPU, se han
intentado variadísimas iniciativas, a nivel departamental y nacional, para
procurar soluciones que el propio Min. Interior no ha dado sobre la materia.
Una de las cuales fue la derivación a centros de atención para hombres
violentos, que trabajan la problemática desde hace décadas con buenos
resultados, manteniendo comunicación con los trabajadores policiales y con la
O.N.G para monitorear la evolución de los casos.
Pero algunos hechos relativamente recientes,
generaron un cambio en la respuesta que, desde la organización sindical, se
daba al tema. Uno de los casos más atípicos es el del SUPU, quien resolvió
contratar a una Lic. en psicología de forma permanente, para recibir
asesoramiento como organización sobre la materia, así como atención para sus
afiliados, bajo variadas modalidades, en todo el país.
Más allá de las acciones provenientes de los
sectores de interés, el SUPU realizó una propuesta formal a la cartera de
estado que implicaba, en síntesis, descentralizar la atención psicológica, para
Montevideo en, al menos, dos oficinas de atención fuera de las unidades policiales,
mientras que en el interior, al menos una por departamento, y hacerla
voluntaria y sin registro al legajo, como se hace en otros países. Esto
ayudaría a descomprimir, a no estigmatizar, y a mejor orientar ante los
diferentes hechos o situaciones diarias, que producen un efecto acumulativo de
estrés terminando por enfermar al trabajador policial. Aunque trabajar la
problemática de la violencia doméstica, como fuimos advirtiendo, iba a requerir
de un esfuerzo algo mayor.
Pero, retomando el abordaje ministerial actual
sobre el tema, y considerando la inversión económica que implicaría desarrollar
una propuesta como la que el SUPU le hizo al Min. Interior en 2013, luego del
asalto al Correo de Pocitos, así como la brutal escalada de suicidios del 2012,
parece elemental, al menos, que algunas áreas especiales de la Policía deban
garantizar una profilaxis psicológica respecto de sus integrantes, y
espacialmente en violencia doméstica, principalmente aquellos que se ocupan de
la problemática en Unidades Especializadas a nivel nacional.
Pues bien, esto, tampoco ocurre. Hace pocas
horas, Sanidad Policial, y el área que se especializa en la atención de
violencia doméstica, revelaron a Canal 10, que sólo en el 2014, un promedio de
294 casos fueron tratados. Siendo en todos los casos trabajadores/ras
policiales los promotores. Quizás convenga agregar dos observaciones en éste
punto; la primera, que la estadística no releva fehacientemente la realidad
nacional, pues Sanidad básicamente atiende casos de Montevideo y zona
metropolitana, con alguna excepción sin duda en el interior, pero la realidad
es metropolitana, por lo que la cifra podría ser mayor; y la segunda, es que
toda estadística, implica un sub-registro (no denunciado) de por lo menos un
50% más, con lo que los casos existentes, podrían elevarse a 450
aproximadamente con relativa facilidad.
Lo más ilógico del encare ministerial actual, es
que para otro tipo de problemática, como por ejemplo las adicciones, se
realizan exámenes regulares y sorpresivos a los efectos de apartar a aquellos
trabajadores policiales que pueden eventualmente, tener intereses encontrados
con la política estatal, respecto de ellas. Pero, éste razonamiento tan
acertado y lógico del Min. Interior, no se aplica en sede de violencia
doméstica, dónde hay una ausencia absoluta de tratamiento preventivo y
monitoreo a nivel general (lo que sería más recomendable) ni en particular
respecto de los trabajadores policiales que integrarán las unidades
especializadas (algo híper esencial) pues, nadie enviaría a un trabajador
policial adicto, a Narcóticos, para combatir el narcotráfico.
Ahora bien, es probable que nuestro razonamiento
sea equivocado, pero cuando se lee atentamente el segundo inciso del artículo
29 de la ley 17.514, concluye que nuestra preocupación y propuesta de un
tratamiento preventivo y monitorio a los que aspiren a ser trabajadores
policiales en general, o en su defecto, inicialmente a todos aquellos que están
ocupando destinos en unidades especializadas, es armónico con el mandato legal.
El resumen, el Estado en general, así como el
Min. Interior en particular, no pueden permitirse tener funcionarios públicos
que padezcan de éstos males, pues, como cualquiera entenderá comprometen
seriamente la política de lucha contra la violencia doméstica, desvirtuando no
sólo la política estatal, también los recursos y especialmente los resultados
sobre las víctimas. En éste sentido, y para evitar lo que ocurre hoy, sería
altamente conveniente que estos tratamientos sean una prueba más, en el proceso
de ingreso y formación, o por qué no, sanación de los futuros y actuales
trabajadores policiales.
En caso, contrario, seguirá repitiéndose el
error de capacitar a trabajadores policiales en técnicas de detección,
prevención, represión y erradicación de violencia doméstica, dándoles
información que, en ocasiones, es usada para camuflar sus propias conductas
violentas, que muchas veces cuando afloran o son detectadas, ya es demasiado
tarde porque el Estado, en cuestiones esenciales, tiene la agilidad un
elefante blanco.
Qué reportarían estos cambios en la política
ministerial en sede de violencia doméstica? Una reducción en los índices de denuncia por
violencia doméstica que tengan como promotores a trabajadores policiales, menos
denuncias por mala atención en general vinculados a ésta problemática, y en
mediano plazo, un descenso en las muertes por violencia doméstica, a manos de
uniformados. No existe, entonces un solo motivo, razonable, que indique que
éste sería una política equivocada en la lucha contra la violencia doméstica en
Uruguay. La pregunta es, por qué no se hace? Las autoridades deberían tener claro que si no logran interrumpir la trasmisión y reproducción del modelo agresor, no habrá mejora en la lucha contra la violencia doméstica o de género, y esto no se logra con más penas, ni con reparación económica de las víctimas, se logra con más tratamiento profiláctico y educación en valores.