miércoles, 18 de julio de 2012

UNA CUESTIÓN DE ESTÍMULOS


                Durante muchos años, y sobre todo en los últimos, se ha discutido la presteza con la que los trabajadores policiales desempeñan sus tareas y en torno a esto se han esgrimido numerosas causas para explicar este fenómeno cada vez más creciente dentro de la fuerza pública y erradicarlo; pero en nuestra opinión esto obedece a otros motivos, básicamente a una cuestión de estímulos.
                Uno de los elementos que más rápido llega a la discusión de este tema es el vocacional, esto es, si el ciudadano que ingresa a la fuerza pública para formarse como policía, lo hace por vacación o por necesidad, disparándose en este sentido toda clase de hipótesis que se presentan de una forma muy simple, que elude la necesidad común y saludable del reconocimiento al trabajo bien realizado.
Otro de los elementos que no demora en aflorar, es el que nos remite al tipo de formación que se imparte en los diferentes centros de estudio policiales a nivel nacional y que afirma que esta aparente displicencia, obedece a la capacitación que progresivamente va eliminando, conforme pasan los años, el componente militarizado que tenía la formación policial en sus inicios. Así se sostiene que esto dio paso a esta suerte de ablandamiento en el encare de la tarea, pero también pasa por alto esta necesidad básica del reconocimiento institucional.   
Se recurre, también sin miramientos, a otros argumentos ejemplo el rol que puede jugar, o no, la dureza del régimen disciplinario a la hora de “encaminar” o “corregir” la indisciplina que, para muchos oficiales, campea en las filas policiales razón por el cual, en los últimos tiempos, el sistema disciplinario se ha radicalizado no sólo en el quantum, en términos económicos, sino en su discrecionalidad a la hora de aplicarlo, derribando incluso convenios colectivos. Nosotros, en cambio, sostenemos que esos son todos factores de baja incidencia en esto que otros llaman; proceso de desmoralización de la fuerza policial.
A finales del 2011 en el marco de una de las negociaciones tripartitas con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo, como parte integrante de la delegación del S.U.P.U. entregamos en mano a las autoridades del ministerio del interior un proyecto reglamentario, que tenía como objetivo principal premiar administrativamente a los policías de calle, en su trabajo diario. La normativa básicamente atendía a tres criterios; primero, los riesgos del destino, segundo, la corrección en los procedimientos –según las normas- y tercero, los resultados que éstos tuvieran a nivel judicial, esto es si se lograba procesamientos o no.  
Pero la cartera ministerial, al poco tiempo tomó una idea del 2006 que había propuesto el Circulo Policial, la cual implicaba el control horario, denominada “Presentismo” que hoy todos conocen. En dicha normativa se pena el incumplimiento utilizando el criterio del descuento de una partida adicional para los que no cumplen, pero no se establecen mecanismos para compensar el horario realizado por arriba de los topes mínimos, luego, hace pocos días implementó por ley de Rendición de Cuentas (art. 85, 86, y 87) un sistema de premios a los comisarios de Montevideo y Canelones que estén al frente de unidades policiales donde a los detenidos se les dispense un trato adecuado, así como que –en los procedimientos- se respeten los derechos humanos de los detenidos, y la corrección de los procedimientos.
Pero vayamos al criterio aplicado en estos casos; podemos advertir que el premio es en dinero, bajo la modalidad de partidas especiales que sólo abarcan a los Comisarios de las unidades policiales de Montevideo y Canelones exclusivamente. Por otro lado, el cumplimiento de las obligaciones que se premian –como el sistema del presentismo- son obligaciones que ya están dentro de las genéricas del Estado Policial, esto es, cumplir el horario en el caso del presentismo que ya está establecido en la legislación policial en el Decreto 644/71, Sección “Deberes Comunes” artículo 16, que da lugar a sanción en caso de incumplimiento. En el caso de las partidas especiales para los Comisarios, el deber de respetar y hacer respetar los derechos humanos y la dignidad de los detenidos, así como la corrección de los procedimientos policiales también son obligaciones genéricas del Estado Policial establecidas en la ley 18315 “Procedimiento Policial” artículo 4, 5, 15, 16 y 17, para citar sólo algunos y su incumplimiento cuando tienen el carácter de prohibitivas trae aparejado responsabilidades administrativas –artículo 170 de la misma ley- lo que vuelve más incomprensible la creación de estos estímulos económicos. Por lo tanto, se están premiando las obligaciones –con dinero- por las cuales ya se está percibiendo el salario.
Lo correcto, según entendemos, no es premiar con dinero el cumplimiento de obligaciones individuales del estado policial, sino sancionar su incumplimiento. O, en caso contrario, premiarlas administrativamente buen cumplimiento de las genéricas a todos los niveles, como a fines del 2011 propusimos para los trabajadores policiales en general, lo que les permitiría incrementar sus puntajes de acuerdo a su desempeño, y esto facilitaría su ascenso, a la hora de realizar los cursos y concursos de pasaje de grado, lo que se traduce en un incremento de sus ingresos, por la vía del ascenso, o progreso profesional, en su carrera administrativa.   
Ahora, cuando se habla de partidas especiales –pagadas en dinero- no podemos más que discrepar con ese criterio utilizado para emplear los recursos presupuestales, pues nosotros entendemos que los que llevan los mayores riesgos son justamente los trabajadores policiales que la cartera no está considerando en los diferentes sistemas que ha propuesto para estimular el trabajo policíaco diario y es aquí donde radica el mayor de todos los errores.
Creemos que, en el camino de premiar los esfuerzos de los trabajadores policiales, la cartera sigue equivocando el camino cuando relativiza el riesgo y las condiciones de trabajo que asumen quienes cumplen tareas de calle y destaca, por sobre aquellos, los sistemas de control, con una compensación que premia obligaciones ya establecidas precedentemente en las normas policiales, y lo más inaceptable es que lo haga en términos monetarios, cuando ya por su cumplimiento se percibe un salario, donde correspondería una sanción ante el incumplimiento. Curiosamente estas partidas, por ley de rendición de cuentas, vienen a tener lugar en un tiempo en el cual a partir de enero del 2013 los trabajadores policiales, de grado 1 a 6, recibirán un aumento del 5% más el índice de variación del I.P.C. y los restantes grados superiores del 3% y 1% en tanto más grado se tenga, todos por ley de presupuesto.   
Nadie puede desconocer que la jerarquización y valoración de las obvias necesidades de  estímulos que requiere el trabajo policial y que se vienen implementando desde el ministerio, lejos de estimular el trabajo de los policías que cumplen sus tareas en calle y en otros sitios de importancia dentro de las unidades policiales, son percibidos como mensajes de una inusitada relativización de sus tareas, lo que colabora muy poco en estimularlos.
Por eso, cuando se discute este proceso de desmoralización que afecta a los trabajadores policiales no puede sostenerse que sus causas obedecen a motivos vocacionales, de formación, o de la dureza de los sistemas disciplinarios, sino de la simple y elemental la falta de estímulos institucionales que tracen una línea clara –a modo de mensaje- que empiece a diferenciar en los diversos sistemas administrativos un reconocimiento a su presteza de una forma generalizada, que escape a los premios y menciones aisladas que, en la práctica, no hacen justicia a la cantidad de trabajadores policiales que asumen su trabajo con responsabilidad, corrección y perseverancia día a día.
Creemos que los sistemas de valoración y reconocimiento al trabajo policial, tiene que revestir el carácter de general, igualitario y de naturaleza administrativa, sólo esto impulsará un cambio en términos generales a la hora de estimular el centro neurálgico de los esfuerzos policiales de forma trasversal –y no vertical- en toda la policía nacional y no, como sucede hoy, aplicando el criterio de la jerarquía como cristal por medio del cual se crean estímulos desatendiendo los merecidos méritos de los trabajadores policiales que están en la primera línea de respuesta. Por ese motivo, cuando se habla de desmoralización, hay que inmediatamente asociarlo a la falta de estímulos históricos que desde la cartera de gobierno se perciben y que han torcido muchos valores conceptuales que, en la práctica, envían señales contrarias a cada uno de sus integrantes por el funcionamiento del sistema.
Y no conviene pasar por alto alunas cifras; un policía que pertenece a la categoría subalterno pasa entre 15 a 22 años en contacto directo y permanente con el delito, un comisario sólo de 2 a 4 años hasta que inicia su primer asenso. El rubro “Riesgo de función” que percibe un policía, es de 3421 pesos, luego de 12 años de servicio, en tanto que las partidas que se proponen por ley de rendición de cuentas, van desde 5000 a 10000 pesos. Estadísticamente desde el 2000 a la fecha sólo han fallecido en acto directo de servicio (prevención o represión del delito) integrantes del personal subalterno. Entonces, cabe preguntarse; de qué riesgo se nos habla cuando se proponen ciertas partidas, bajo la modalidad de reconocimientos o estímulos? Ya que la fundamentación de las mismas radica, según versión taquigráfica, en compensar el riesgo y la complejidad de la tarea de los comisarios.

                                       Un abrazo fraterno para todos.
                                                                 Miguel Barrios.-