Para entrar a exponer sobre este punto, quizás sea
bueno señalar, que los episodios de violencia en los espectáculos deportivos y
públicos en nuestro país no son nuevos, pero tampoco han acompañado la historia
nacional, muy por el contrario, lo justo sería hablar de fenómenos que no
llegan a tener más de dos o tres décadas, al menos con la asiduidad a la que
asistimos a ellos hoy. También constituye ya una práctica constante, que la
Administración reaccione pero luego de que los males, propios de la convivencia
ciudadana, ya han llegado a niveles preocupantes de violencia interpersonal o
daños a la propiedad en general.
En los últimos eventos que pueden recordarse, como
punto de inflexión, están los hechos de violencia que tuvieron lugar en el
último “Clásico” dónde casi una decena de trabajadores policiales terminaron
lesionados por las agresiones que, un grupo de barrabravas de Peñarol situados
en la tribuna Ámsterdam, estos les
provocaron las mismas cuando los primeros, intentaron primero dialogar, y
después reprimir los desmanes que tenían lugar allí.
Hasta ese momento, las respuestas frente a los hechos
violentos se habían manejado bajo diversos acuerdos, que implicaban a los
dirigentes de los clubes, a los “referentes” de las barrabravas, y los
“operativos policiales” de estilo en base a un protocolo que, posteriormente se
supo que era más elástico, al estar sujeto a las evaluaciones del nivel de
riesgo previo, en cada partido, lo que demostró ser un mecanismo débil, para
enfrentar estos hechos, ni que hablar de reunir prueba para ponerlos a disposición
de la justicia.
Entre las cosas que desde el inicio, nos pareció
inapropiado y reñido con las normas que señalan las primeras fases de la
actuación policial establecidas en la ley 18.315, fue el reconocimiento del “Poder
de hecho” que hasta ese entonces poseían los “referentes” de las hinchadas, que
pasaron a ser normativamente aceptados tanto por clubes en casos de orden
contractual, a propuesta del Min. Interior, que también coordinó los
subsiguientes operativos bajo estas nuevas pautas y con estos actores ya
referenciados.
Ya hemos señalado, que aquí no cabe engañarse, todos
en nuestro país saben los caminos que hay que recorrer para llegar a ser
“referente” de barrabravas, esto es, prácticas poco civilizadas y desarmónicas
con las reglas más elementales en materia de convivencia ciudadana. Estos “acuerdos”,
entre el Min. Interior y los integrantes de la Comisión, terminaron con
trabajadores policiales acorralados y en otros, escoltados por los “referentes”
de las hinchadas o barras, para que pudieran egresar sin ser lastimados en ese
proceso entonces, con una muy baja efectividad.
Poco a poco, la tribuna que reunía a los hinchas de
Peñarol, terminó bajo dominio de los propios hinchas y barrabravas que
disponían sus “elementos se seguridad” desplazando a la policía de una de sus principales
cometidos, el orden público. Luego de esta
cadena de hechos que culminó con los incidentes del cásico, llegó la respuesta
judicial, por impulso de varias denuncias penales que articularon tanto el Min.
Interior, los clubes deportivos, la administración del Estadio Centenario y,
por último, alguna organización sindical, con más apuro que análisis.
Unos días más tarde el Min. Interior planteo, en el
seno de la Comisión que integra, para control y erradicación de la
violencia en el deporte para su “aprobación”, una batería de medidas que a los
pocos días tuvieron resultados desiguales, pues los episodios de violencia
perduraron en eventos del interior del país, como Maldonado, Canelones -con 10
procesados- e incluso el propio Montevideo, en el partido de Nacional y Miramar
Misiones, con dos policías lesionados.
Pero, en este sentido, una de las medidas más
importantes que se implementaron, fue que la fuerza pública retomara el control
de las tribunas, para garantizar el orden en las mismas, eliminación de los
pulmones, así como lo hacía en otros sectores de los estadios o canchas donde
tenían lugar los encuentros deportivos. Esto, como lo advertimos a su tiempo,
generaría un efecto disuasivo, pero también implicaría ineludiblemente nuevos
enfrentamientos entre trabajadores policiales e barrabravas.
Sin lugar a dudas, las nuevas medidas, fueron efecto
de la reacción pública que se hizo sentir por medio de redes sociales, prensa y
desde los ámbitos políticos, así como de las denuncias penales realizadas. Más,
cuando uno piensa en un operativo policial que logre controlar y eliminar los
episodios de violencia deben necesariamente tener control total sobre el evento
deportivo en sede de seguridad, y esto implica no subordinar los criterios
técnicos a la aprobación de “organismos o comisiones” que son incapaces de
soportar pragmática y normativamente la delegación de las responsabilidades que
sólo puede desarrollar la fuerza pública privativamente.
En un operativo objetivamente dispuesto, es elemental
que la fuerza pública, disponga sobre el punto seguridad: cómo se ingresa, a
qué hora lo deben hacer, los mecanismos de revisión especial, la ubicación, los
criterios para desalojar y las causas para proceder a ello, todo respecto de
las barrabravas de cualquier equipo deportivo, o de las hinchadas en general,
pero esto no se realiza, y más elementalmente, es insoslayable la necesidad de
sectorizar las barrabravas y su ubicación a los efectos de realizar el protocolo
de desalojo de las mismas reduciendo posibles daños colaterales, a los terceros
no implicados.
Lo ideal sería un operativo donde se disponga,
básicamente, el sitio que se ubicará la barrabrava, en un sector técnicamente
estudiado y separado de las zonas destinadas para la familia o parciales en
general. Esto tiene mucho que ver, con las medias técnico-operativas, el
armamento, y protocolos que se puede implementar o no, y no sólo para desalojar
a los violentos, sino para proceder a su detención posterior, detalle este que,
por el momento, ha representado muchas dificultades.
Por otra parte, el ingreso de menores de edad a estas
zonas preestablecidas para la ubicación de las barrabravas no debería
permitirse, por razones que se desprenden de la lógica, y que evitaría que
terminen involucrados en eventos poco gratos, y estimular de ese modo, una suerte
de prevención -por separación- de esa lamentable imitación de las inconductas
de los mayores que, poca conciencia demuestran en ciertos momentos, respecto de
los menores que los rodean, y muchas veces les sirven de escudo ante la eventual
represión.
Nos preguntamos, en este sentido, de qué otra forma
pueden utilizarse, los implementos que propuso el Min. Interior, “armamentos y
protocolos”, si los que tiene para desalojar y detener a los violentos pueden
afectar a quieres son usados como escudos por los violentos como sucede?
Creemos que estas medidas absolutamente elementales,
para ordenar un operativo policial, no pueden estar ausentes, pues los resultados
seguirán siendo negativos en una valoración objetiva, si el control y dirección
de los mismos están sujetos a intereses que, nada tienen que ver con la
finalidad de garantizar el orden público. Otro aspecto que puede
señalarse, y que desde luego hace a la seguridad, es el netamente económico que
señalaba el Ministro Eduardo Bonomi en nota a un medio de prensa, cuando hizo
alusión a que en el operativo del “clásico” había dispuesto 900 trabajadores
policiales, pero que a los cubes, no se les pasó un presupuesto equivalente a
esos 900 efectivos.
Esto, mal que le pese a cualquier administración hace
a la seguridad pública, el presupuestar menos, no es una herramienta para
mejorar los factores de seguridad, creemos que es justamente una herramienta
que estimula lo inverso. En otras palabras, a los trabajadores policiales que
concurren a los operativos de futbol, se les ordena estar varias horas antes
del inicio de los mismos, pero se les paga, por 222 sólo desde la hora del
inicio del evento, y pasa lo mismo con la hora de finalización, que es a una
hora determinada y varias horas después se retiran, aunque ya dejaron de
percibir los ingresos por 222 cuando finalizó.
Este no es un mero dato de la realidad, pues la
Administración aplica una suerte de híper-disposición sobre el horario de los
administrados, pagándoles por menos horas de las que realmente trabajan, esto
no sólo los aleja de estos servicios, sino que los predispone a los que
concurren, por cumplimiento de las ordenes, a un malestar que nos manifiestan
reiteradas veces, ya que la “rebaja” sale del tiempo de los trabajadores
policiales, los que evidentemente tienen derecho a cobrar su horas
efectivamente trabajadas, por derecho.
Los eventos deportivos de los que hablamos, no son
otra cosa que espectáculos privados de acceso público, con lo que, o se aplica
el absoluto control de la fuerza pública sobre las pautas necesarias, bajo
criterios técnicos, para desplegar operativos que den garantías a todas las
partes, o puede optarse, por la aplicación de la seguridad privada que
complemente a la pública, mediante la contratación como se ha propuesto -creemos
que equivocada solución- pues desde ya es previsible, a todas luces, que las
citadas empresas no están preparadas para controlar, lo que la misma policía
aun tienen problemas para controlar, ni hablemos ya de desalojar o detener a
los violentos, de la reunión de pruebas, etc.
Existen cosas que en nombre del pragmatismo, no hacen
más que desviar y confundir los roles claramente establecidos en las normas de
nuestro orden jurídico en la materia, que mudan la natural aceptación que deben
tener los contratantes respecto de los parámetros elementales que la fuerza
pública tiene que establecer como inamovibles y básicos. Haciéndolos prevalecer
contra los requerimientos que plantean algunos actores, que atienden a
intereses que nada tienen que ver con velar con la seguridad de los asistentes
a los eventos. Ojalá estemos equivocados, más los hechos nos vienen dando la
razón.
Un abrazo fraterno para todos.
Miguel Barrios.-
