Sabido es por todos que, hace un par de años, el Poder Ejecutivo ha realizado actualizaciones de las normas que regulan nuestra actividad, así como también de las normas que hablan respecto de retiros, jubilaciones o pensiones policiales. Y aunque no compartimos en muchos puntos algunas de ellas, no se puede dejar de saludar la iniciativa de avanzar sobre ese terreno tan caro, para todos nosotros.
Para quienes entendemos el derecho como la herramienta, por antonomasia, para lograr la pacífica convivencia entre las personas, es doloroso observar en qué contexto vienen a desarrollarse las mismas. No creemos que, en materia de seguridad pública, los ciudadanos y quienes componemos la fuerza pública hayamos estado tan de acuerdo como en los tiempos que corren y sin embargo, algunas señales que deberían ser claras, se mantienen ausentes.
Los sindicatos policiales, por su parte, transitan por luchas intestinas por una suma de errores e inexperiencia que los ha dejado al borde de la inactividad y se presenta, ahora, una suerte de fragmentación que apareja un cumulo de acciones legales penales y administrativas que se financiará con los ingresos aportados por los socios, y pone en serio riesgo la confiabilidad, la legitimidad de las organizaciones y su representatividad a todos los niveles.
Desde el punto de vista técnico, creemos que podemos hablar de un desentendimiento de tal magnitud, entre los operadores de la seguridad pública, que vuelve inerte cualquier iniciativa gubernamental, seria, de conformar equipos multidisciplinarios que se ocupen de proporcionar soluciones a problemas que tienen, en muchos casos, la misma edad que la propia institución. Creemos que es posible, pero es menester hallar caminos de diálogo que, poco a poco, vayan logrando consensos. Todo parece indicar que las organizaciones no gubernamentales deberán encontrar un camino que las coloque nuevamente en el camino de la defensa de sus miembros, únicos lesionados por todos estos hechos tan lamentables.
En este contexto, mal podría hablarse de la efectiva vigencia de las nuevas normas policiales en general, visto que ellas tienen que efectivizarse con toda una infraestructura en malas condiciones. Estas situaciones son el caldo de cultivo para eventuales desgracias respecto de las cuales nadie asumirá responsabilidades, como ha pasado históricamente. Es en medio de estos entornos imposibles que diariamente, se trabaja en las diferentes unidades policiales, sin los medios materiales, legales y doctrinarios adecuados o, por lo menos, esperables.
La desarticulación y atomización de las diferentes organizaciones sindicales policiales, produjeron la interrupción del tráfico de información, así como la coordinación de acciones conjuntas, dejando sin respuestas claras a los afiliados. Las organizaciones sindicales no deberían de olvidar que, mientras de llevan adelante las disputas internas, miles de policías siguen corriendo riesgos en el marco de su labor diaria y esa sola razón debería hacerles mudar de actitud priorizando la continua e ininterrumpida defensa de sus afiliados, tal cual señalan cada uno de sus estatutos. Nos cuesta mucho creer, que no podamos transitar ese camino nuevamente.
Miguel Barrios.-
